POLITICA

Sobreseyeron a los Kirchner en una nueva causa

Es por la consultora El Chapel. El juez dijo que no había incompatibilidad entre la Presidenta y la empresa familiar.

El matrimonio Kirchner, libre de causas que investigan su fortuna.
| DyN

Néstor y Cristina Kirchner deben estar felices por los positivos resultados que obtienen en la Justicia cada vez que los denuncian. Es que en los últimos meses, la Justicia cerró casi todas las causas que investigaban al matrimonio presidencial por su fortuna y sus negocios personales. Primero fue por el caso del enriquecimiento ilícito, luego por la compra de dos millones de dólares, y ahora los sobreseyeron en un expediente más: el que los perseguía por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por la creación de la consultora El Chapel, según informó La Nación.

La empresa, formada en diciembre de 2007, tenía el objetivo para brindar servicios de consultoría financiera y de inversión. Sus tres integrantes eran nada menos que la Presidenta, su marido -y ex presidente- y el hijo de ambos, Máximo, que era el titular. Sin embargo, debido a las críticas, el año pasado la disolvieron.

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En un fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi explica que cerró el caso por "inexistencia" de delito. Su argumento principal fue que no hubo ninguna negociación incompatible porque la empresa no había tenido actividad y que, durante la corta vida de El Chapel, la Presidenta nunca había "ejercido efectivamente" el cargo de directora suplente que tenía.

Ni bien enterado de la decisión, el fiscal Federico Delgado apeló la resolución y ahora la Sala I de la Cámara Federal deberá decidir si la confirma.

Motivos. El juez afirmó en su fallo que para que haya delito "resulta indispensable la existencia de un negocio jurídico del cual se interese en forma desleal" el funcionario. "Un elemento fundamental -sostiene el escrito- que no existió en la corta vida societaria de El Chapel SA, que no efectuó una sola gestión comercial".

La presidenta Cristina Kirchner fue acusada también de haber violado la ley de ética pública, que establece que los funcionarios deben "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales".