Mientras avanzan las indagatorias en uno de los casos claves de sobornos en la obra pública, la Justicia argentina acelera el acuerdo de colaboración con Brasil para obtener las pruebas que pueden comprometer al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Retirado de la construcción y dedicado a sus negocios en el campo, el ex dueño de Iecsa fue indagado esta semana por su supuesta participación en el pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas para obtener la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra valuada en US$ 3 mil millones.
En su descargo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, Calcaterra dio una versión diferente a la de la causa de los cuadernos. Ante el fiscal Carlos Stornelli, el 6 de agosto, el empresario había admitido haber ordenado a su principal ejecutivo, Javier Sánchez Caballero, realizar pagos “para las campañas” del kirchnerismo, intentando desmarcar los hechos como pago de sobornos.
Una semana después, se presentó nuevamente para ser indagado por el caso del soterramiento. Esta vez, presentó un descargo por escrito y negó haber realizado pagos indebidos por la obra que compartió con Odebrecht. La constructora brasileña admitió haber pagado al menos US$ 35 millones de sobornos en la Argentina, y uno de sus principales ejecutivos declaró en Brasil que pagaron por el soterramiento a pedido del CEO de Iecsa. “Javier Sánchez Caballero, representante de la empresa Iecsa (líder del consorcio), nos informó que Iecsa había realizado un acuerdo con funcionarios públicos en nombre del consorcio para que este ganara la licitación, y que tan pronto se iniciaran los pagos al consorcio por las obras ejecutadas, debían ser realizados pagos indebidos al partido de gobierno”, declaró Luiz Mameri en Brasil.
Su testimonio es una de las pruebas que llegarán oficialmente desde Brasil en breve. El fiscal Franco Picardi elabora un documento de 12 puntos con las principales evidencias que requerirá a ese país: la ruta de los pagos; los nombres de los funcionarios e intermediarios de coimas; los empresarios que participaron en la maniobra, entre otros datos centrales.
Mameri dijo que se autorizaron pagos por unos US$ 2,9 millones a Sánchez Caballero, encargado luego de hacer llegar los sobornos a los funcionarios. El ejecutivo argentino, uno de los primeros arrepentidos en el caso de los cuadernos de la obra pública, debe declarar en la causa el próximo 28 de agosto.
En su indagatoria, Calcaterra dio una versión muy diferente a la de Mameri. Negó que Iecsa haya pagado coimas y apuntó a Odebrecht, según los escritos a los que accedió PERFIL. Agregó que durante su liderazgo en la obra (2008-2013) el consorcio apenas cobró el 40% del adelanto de obra y que la mayor parte de los fondos públicos fueron cobrados por Odebrecht después de 2013 y le adjudicó el pago de sobornos.
Odebrecht presentará otra versión de los hechos, según pudo saber PERFIL. La defensa de la brasileña prepara un escrito en el que pretende demostrar que Iecsa comandaba la relación con el kirchnerismo hasta 2013 y que recibió también los adelantos de obra, sospechados de ser la fuente de los reintegros a funcionarios.
Existe otro punto de la acusación que Calcaterra no terminó de explicar a la Justicia: ¿por qué su constructora pagó US$ 600 mil al testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime? Iecsa –que estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino– pagó 31 facturas a la consultora de Manuel Vázquez: Caesa. Calcaterra dijo en su indagatoria que esos pagos habían comenzado en 2005, meses antes de que se abriera la licitación del soterramiento y que por ende no están vinculados a la obra investigada. Sin embargo, no explicó a la Justicia el motivo de los pagos.
