Tragedia en Once: piden a la Cámara Federal que rechace al Estado como querellante
Además, recusaron al Juez Bonadío y pidieron que deje la causa, acusado de prevaricato. El pedido está a cargo de la jueza Servini de Cubría.
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Cedoc.
La Cámara Federal revisará la decisión del juez Claudio Bonadío de aceptar al Gobierno Nacional como querellante en la causa en la que se investigan las consecuencias del accidente ferroviario en la estación de Once. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 1, a cargo de María Servini de Cubría.
El abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno. Además, el letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), según informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
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Dalbón objetó la decisión de Bonadío al argumentar que funcionarios y personas del Gobierno "pueden resultar imputadas" en la causa y, además, le da "la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación".
El letrado consideró que Bonadío cometió una "flagrante violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante "en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública".
Ahora Bonadío debe resolver si acepta la apelación de Dalbón para que el caso llegue a la Cámara, caso contrario el letrado podrá acudir directamente a la instancia superior.
Además de apelar, el abogado, recusó al juez al pedirle que deje la causa porque su decisión "conforma una clara evidencia de que tiene interés en que el proceso tenga un resultado favorable con relación a los mismos", en referencia a los funcionarios del Gobierno.
Con los mismos argumentos, lo denunció por prevaricato, delito que castiga con multa de tres a 75 mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua al "juez que dictare resoluciones contrarias a la ley".
