Entre los delitos que el Gobierno de Mauricio Macri pretende que las Fuerzas Armadas colaboren a combatir está el de trata de personas. Así se desprende de la “Directiva de Política de Defensa Nacional” que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. Allí, se describe con precisión cuál es el rol que se busca que tengan los militares. El capítulo III describe las “prioridades y lineamientos” para reformar el rol de las fuerzas, y enumera seis tipo de operaciones: Vigilancia y control de los espacios soberanos, Protección de Objetivos Estratégicos, Apoyo a la Política Exterior, Apoyo al Sistema de Seguridad Interior, Apoyo a la Comunidad y Apoyo a la generación de conocimiento científico. El punto más controvertido es el que apunta a la seguridad interior. Al detallarlo, se destaca que entre los delitos complejos que atentan contra la seguridad trasnacional están el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. El texto aclara que el Ministerio de Defensa “deberá adoptar medidas tendientes a fortalecer las tareas de apoyo que desarrolla el Instrumento Militar con el Sistema de Seguridad Interior”. Algunas de esas tareas ya se realizan, sobre todo en el norte argentino, y están apoyadas, según aclaran en Gobierno, en la ley de Seguridad Interior. El artículo 27 de esa norma prevé que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad en determinadas circunstancias. El primer punto de esas tareas de Seguridad Interior, según establece el borrador de la directiva, apuntará al “apoyo logístico en las zonas de frontera”. Se refieren sobre todo al norte, donde se busca combatir el ingreso de narcos, la instalación de celulas terroristas y la trata. El segundo punto es la “protección de eventos de interés estratégico”. El ejemplo más típico es la cumbre del G20, donde una hipótesis podría ser la de “agresiones de origen externo”. Sectores de la oposición temen que eso no se cumpla y también trabajen para contener las protestas que se podrían desatar.
