El ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) Jaime Stiuso afronta desde ayer un nuevo frente judicial que desnuda las prácticas de un sistema ilegal que funciona en la Argentina desde hace años: las “pinchaduras” telefónicas ilegales realizadas a pedido de la propia ex SIDE a través de la Justicia.
El fiscal federal Franco Picardi pidió ayer que Stiuso sea indagado por la utilización de este sistema para espiar a una empresa de seguridad. Stiuso, como director de Operaciones de la SI, firmó un memo ordenando que se investigue por supuesto espionaje para el Reino Unido a una serie de compañías y empresarios dedicados a la seguridad y la inteligencia privadas. La causa era conocida como “Dark Star”, por el nombre de una de las empresas investigadas.
La ex SIDE hizo la denuncia formal y el juez federal Sergio Torres autorizó las escuchas contra este grupo de empresarios. Así, las escuchas se prolongaron durante años de manera “legal”.
Pero cuando el fiscal de la causa, Federico Delgado, comenzó a analizar las transcripciones de las escuchas detectó varias irregularidades: no había indicios de espionaje contra Inglaterra, sino de otras prácticas de espionaje para el sector enemigo de Stiuso en la ex SIDE.
El fiscal Delgado cerró la causa y denunció los hechos: que se usó una causa judicial para espiar al sector de Fernando Pocino –ala K de la ex SIDE– y que en las escuchas se destapa un sinnúmero de delitos. La denuncia cayó en la fiscalía de Picardi. Las transcripciones de las escuchas, que fueron reveladas por PERFIL, develan que estas empresas privadas podían hacer desaparecer fotos comprometedoras, reclutar chicas para infiltrarlas en complicidad con la ex SIDE en el entorno de políticos –incluso del mismo kirchnerismo– o formar sociedades en paraísos fiscales. Serían, además, proveedoras de la ex Secretaría de Inteligencia.
Picardi tomó ayer una decisión: las transcripciones de estas escuchas no pueden usarse como pruebas contra los empresarios porque fueron obtenidas ilegalmente. Por eso imputó a Stiuso de “haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas” sólo por “espurios intereses personales o particulares”. Ahora el juez federal Luis Rodríguez debe decidir si cita a Stiuso a indagatoria.
Según Picardi, “las ‘pinchaduras’ telefónicas se llevaron a cabo durante tres años, de 2012 a 2015, contra la filial en el país de la empresa de seguridad privada Dark Star Security, que se dedica al asesoramiento y la gestión de riesgos en “defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo”.
Picardi sostuvo que Stiuso habría inducido “a error a las altas autoridades de la ex SI, como también del Poder Judicial de la Nación, para la obtención de sucesivas autorizaciones para llevar adelante interceptaciones de comunicaciones” a la compañía. El ex espía habría violado “las reglas de Ley Nacional de Inteligencia, en tanto desarrolló tareas (que) no guardaban relación con la seguridad exterior e interior del país, ni actividades de inteligencia de agentes que importaran una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional”.
Stiuso pide que no vean su declaración jurada. El ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Jaime Stiuso también es investigado por una denuncia de la ONG La Alameda en el juzgado de Sebastián Casanello. Es por supuesto enriquecimiento ilícito.
Ayer, el ex jefe de los espías envió a uno de sus abogados ante la Cámara Federal y pidió que nadie pueda ver sus declaraciones juradas, salvo los peritos contadores de la Corte Suprema, que, eventualmente, cuando lo ordene el juez, deberán determinar si se enriqueció ilegalmente. Stiuso reaccionó ante un pedido del juez Casanello a la Oficina Anticorrupción para que evalúe si hay irregularidades en las declaraciones juradas de los acusados.
Las declaraciones de bienes de Stiuso son de carácter secreto por su condición de espía. El detalle de los bienes declarados por Stiuso ante el Estado están en un legajo reservado de una caja fuerte del juzgado.
Casanello investiga si Stiuso y un grupo de ex autoridades de la Secretaría de Inteligencia y de supuestos agentes inorgánicos montaron una red de empresas para desviar fondos reservados que el Estado entregaba a la ex SIDE para su funcionamiento secreto.
