José Alfredo Martínez de Hoz había quedado detenido en mayo de 2010 por orden del juez federal Norberto Oyarbide, quien le atribuyó haber impuesto un plan de “destrucción del aparato productivo nacional” mientras la dictadura hacía “desaparecer personas”. Fue en el marco de la causa por la desaparición de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel.
Según la investigación, Federico Gutheim y su empresa Sadeco “habían ganado la licitación por una exportación de fibra de algodón a Hong Kong” por un monto cercano a 12 millones de dólares. Luego habría sido presionado para compartir la licitación con una firma multinacional “que contaba con la participación activa de Martínez de Hoz”. Como el empresario no aceptó la propuesta, la dictadura firmó un decreto de detención para él y su hijo.
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El ex ministro de Economía también estuvo involucrado en una causa por la desaparición de un funcionario de su cartera, el contador José Casariego de Bel, que se oponía a la compra, por parte del Estado, de la Compañía Italo Argentina de Electricidad. Martínez de Hoz también fue imputado por fuga de capitales y supuesto lavado de dinero en el clausurado Banco General de Negocios (BGN) durante el “corralito” de 2001. Desde 1995 era miembro del directorio de la banca de los hermanos Rohm, denunciados en el informe de lavado de dinero que integró Elisa Carrió. En 2010, el Banco Central lo multó con 5.256.000 de pesos e inhabilitación por 25 años.
Durante su gestión como ministro de la dictadura, la economía argentina se vio dominada por la inflación, la obsesión por el dólar, la pérdida de competitividad, el inicio de una creciente deuda externa, una avalancha de productos importados, el cierre de fábricas, el desempleo y ejecuciones hipotecarias. Fue el comienzo del liberalismo argentino.
Su equipo instauró pequeñas devaluaciones periódicas. Una tabla de cotizaciones diarias informaba el precio del dólar. Así, el mercado operaba a sabiendas de que esa moneda iba a ser más barata cada día. Se denominó “la tablita cambiaria de Martínez de Hoz”.
Una semana antes de quedar detenido en 2010, la Corte Suprema había ratificado la inconstitucionalidad del indulto al recordar que el crimen por el que se acusa a Martínez de Hoz es de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
