Cuando se reinició la democracia argentina, el 10 de diciembre de 1983, nuestro país era una isla en medio de gobiernos de facto en casi toda América latina. En general, las transiciones posteriores se realizaron sobre la base de pactos implícitos entre los militares que dejaban el poder y los políticos que aspiraban a liderar las nuevas etapas, que incluían amnistías muy amplias para los delitos cometidos en la represión del terrorismo. La Argentina fue una excepción, ya que el gobierno democrático no asumió con condicionamientos legales. Esto se debió, a mi juicio, a dos razones. En primer lugar, luego de la Guerra de Malvinas los militares en el poder se retiraron precipitadamente y sin capacidad de imponer exigencias. Pero, además, el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, creía firmemente –y así lo sostenía en todas las tribunas durante la campaña electoral– que la joven democracia no debía ser revanchista pero tampoco fundarse en una claudicación ética. Esa postura, que no era compartida por el candidato del justicialismo, Italo Luder, fue el fundamento político del juicio a las juntas militares, que el gobierno de Alfonsín promovió a pocos días de su asunción. La labor de la Conadep, presidida por Ernesto Sabato, fue un antecedente muy valioso para la investigación del horror. Quienes éramos miembros de la Cámara Federal concluimos por unanimidad que se había desarrollado un plan sistemático de desaparición de personas y que la responsabilidad penal recaía en las máximas autoridades políticas.
No había precedentes en el mundo de juicios a dictadores por masivas violaciones a los derechos humanos llevados adelante por los tribunales civiles naturales, con pleno respeto de todas las garantías constitucionales. Las condenas fueron históricas, pero lo más importante fue la toma de conciencia de toda la sociedad respecto de la necesidad de preservar hacia el futuro la vigencia irrestricta de los derechos humanos.
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