POLITICA
soterramiento del sarmiento

Un proyecto clave, en manos de dos empresas polémicas

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Si el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento es una de las obras más anunciadas y nunca concretadas de la historia argentina, la decisión del presidente Mauricio Macri de convertirla en uno de sus ejes de gestión se enfrenta con nuevas dificultades.
Una de ellas quizás explique la necesidad de financiarla con supuestos fondos originalmente destinados al Plan Belgrano. Y es que al participar la constructora Odebrecht del consorcio que se adjudicó el proyecto (junto al primo del presidente, Angelo Calcaterra, que está vendiendo su empresa, y la italiana Ghella), conseguir crédito se volvió más complicado.
El dueño de la mayor constructora de Brasil, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión por sobornos en el marco de la investigación conocida como Lava Jato. Mientras su padre conduce la empresa y él negocia con “delaciones premiadas” seguir entregando información “hacia arriba”, su compañía la tiene muy difícil para avanzar en sus operaciones.
Por ejemplo, allegados a la compañía confirmaron que la firma quedó en una especie de lista negra para conseguir créditos de organismos multilaterales.
Algo similar sucede con sus chances para aplicar a créditos de bancos privados, dado que las auditoras internacionales demoran la firma de los balances, aunque en la Argentina aseguran que PriceWaterhouseCoopers ya lo hizo. Son detalles que no sólo preocupan al Gobierno por la obra del Sarmiento. También toman nota en Córdoba, donde un tramo del gasoducto de esa provincia está adjudicado a la firma brasileña. Por ahora, todos los proyectos donde está Odebrecht se mueven sólo con financiamiento estatal.
Con todo, la obra maldita, como algunos constructores le dicen al soterramiento, ya tuvo un fuerte gesto de apoyo de parte de Macri, que a poco de asumir visitó los preparativos de los trabajos con el primer ministro italiano, Mateo Renzi, y representantes de la italiana Ghella, quizá la única compañía “mostrable” que tiene el proyecto con el que se juega una parte de los votos del Gran Buenos Aires.