La jueza Claudia Rodríguez Vidal puede ser la magistrada que frene los nombramientos de los tres jueces de la Cámara de Casación que realizó el kirchnerismo el jueves y que originó el desplazamiento de Luis María Cabral.
Rodríguez Vidal debe decidir si hace lugar a una medida cautelar solicitada por el diputado provincial del massismo Mauricio D’Alessandro. El legislador presentó un amparo cuestionando el paquete de leyes que incluye la reforma del Código Procesal Penal y la designación de las subrogancias a cargo del Consejo de la Magistratura. A través de ese organismo, y con sólo siete votos, el Gobierno logró nombrar a tres conjueces afines en el máximo tribunal penal del país. Se trata de los magistrados Roberto Boico, Norberto Frontini y Claudio Marcelo Vázquez.
Si Rodriguez Vidal da lugar al pedido del diputado massista, el juez Cabral podría cuestionar su salida de la Casación. Si bien su designación era irregular, fue desplazado mientras se esperaba que votara por la “inconstitucionalidad” del memorándum de entendimiento con Irán. Además, diputados del PRO presentarán mañana una medida cautelar para pedir que repongan al camarista en la Casación.
Rodríguez Vidal tiene en sus espaldas una decisión clave en la tensa relación entre el Gobierno y la Justicia. Pero además la jueza tiene una denuncia por supuesto “acoso laboral” en el Consejo de la Magistratura que puede transformarse en un elemento de presión en su contra. Quien lleva adelante ese expediente es el secretario de Justicia, Julián Alvarez, que integra la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo.
En el sumario contra la jueza declararon distintos funcionarios y empleados de su juzgado imputándole supuesta “violencia laboral”, según fuentes del Consejo. Desde hace varios meses, el camporista Alvarez se encargó de las audiencias de manera personal, y tendría redactado un dictamen acusatorio contra Rodríguez Vidal para citarla a indagatoria.
La jueza está próxima a cumplir 60 años en diciembre, edad para alcanzar el beneficio jubilatorio, y se presume entre sus pares que no querrá tomar medidas que impulsen acciones en su contra.
Rodríguez Vidal suspendió en 2010 el pago de vencimientos de deuda con reservas del Banco Central que la presidenta Cristina Fernández había ordenado mediante un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, la mandataria la “vapuleó” en cadena nacional refieriéndose a la vida privada de la jueza.
