POLITICA
contratos en rio turbio

Una nueva denuncia salpica a Julio De Vido

En esta oportunidad se lo acusa de administración fraudulenta por la gestión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). ​

INAUGURACIÓN. CFK y el exministro al reabrir el yacimiento.
| Cedoc

El ex ministro de Infraestructura Julio De Vido sumó este viernes una nueva denuncia en su contra. En esta oportunidad se lo acusa de administración fraudulenta por la gestión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). La presentación, realizada ante los Tribunales Federales de Comodoro Py, estuvo a cargo del interventor del yacimiento nombrado por el nuevo gobierno, Omar Faruk. El sorteo definió que la causa quede en el juzgado de Daniel Rafecas.

Además de De Vido, fueron denunciados el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex interventor de YCRT Atanacio Osuma y otras autoridades de la explotación minera. En la mira están los contratos con la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Cruz que, se sospecha, fue utilizada para evitar controles a través de más de setenta acuerdos.

Las auditorías realizadas tras el cambio de gobierno detectaron que a pesar de que se hayan invertido, entre 2005 y 2015, unos 26 mil millones de pesos el yacimiento hoy tiene la misma capacidad productiva que en 1953.

Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Entre los elementos aportados para la denuncia, destaca el proyecto de construcción de un “Tren Turístico”, presupuestado en 700 millones de pesos y con erogaciones efectivas de poco menos de 300 millones. La ejecución, indican, que “no se compadece con el grado de avance y desarrollo del proyecto refrendado”.

Esta y otras iniciativas impulsadas por el ministerio de De Vido, eran realizadas con convenios con la UTN en Santa Cruz. En todos los casos, se hacían múltiples convenios que permitían no sobrepasar el límite de 14 millones de pesos impuesto para este tipo de alternativas de contratación, con menos controles. También se señala que los convenios preveían una comisión del 10% en favor de la universidad, “sin motivo atendible”.