La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió sobre posibles irregularidades en el financiamiento de los candidatos en las PASO. Renzo Lavín, codirector de la ONG, alertó sobre aportes de constructores de obra pública que podrían estar “trampeando” a la legislación.
La Ley de Financiamiento establece quiénes pueden hacer aportes. El artículo 15 prohíbe “directa o indirectamente contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas”. Ambos negocios son los más importantes otorgados por el Estado.
La advertencia se basa en una nota publicada el domingo en PERFIL, que informó que directores de constructoras financiaron a Insaurralde. Entre ellas, ODS (Angelo Calcaterra), Rovella Carranza, Dyopsa, Tecnipisos y Briales. El PRO también tuvo un caso: el constructor Nicolás Caputo, que aportó a Gabriela Michetti. La defensa empresarial es que fueron “aportes individuales”.
“Es mucha coincidencia que directivos de una misma empresa pongan dinero en el mismo candidato y con el mismo monto cada uno”, apunta Lavín. “Es claramente un artilugio para canalizar aportes, que el artículo 15 pretende evitar con la palabra ‘indirectamente’”.
“Incluso si el dinero viniese de los directores sería irrelevante, porque lo que la ley pretende proteger no es el patrimonio de la firma, sino la transparencia de los contratos estatales”, agrega Sebastián Pilo, coordinador de lucha contra la corrupción de la ONG. “Esta clase de corrupción es tanto o más grave que el enriquecimiento personal de un funcionario”.
