Más de 300 agentes que debían vigilar a los presos bonaerenses tenían antecedentes penales. Esta es apenas una de la larga lista de irregularidades detectadas hasta ahora por las auditorías realizadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Frente al estado crítico descubierto en las cárceles, el gobierno de María Eugenia Vidal puso en marcha una reforma del sistema.
Los cambios, que serán progresivos, se dan luego de que el Ministerio de Justicia bonaerense dispuso detener a 21 agentes (acusado de delitos aberrantes como tortura seguida de muerte o vender drogas en los penales), expulsar 21 efectivos, suspender temporalmente a 34 y pasar a disponibilidad a otros 91 por irregularidades. A ellos se les suman unos cinco mil sumarios abiertos en Asuntos Internos. Se recopiló información con desembarcos sorpresivos de los funcionarios en los penales para verificar, en especial, el uso de combustible, las horas extra del personal, los informes criminológicos y la administración de alimentos para internos.
El otro tipo de auditoría apuntó al funcionamiento interno del servicio. Los primeros resultados son críticos. Según los primeros informes, hay un médico cada 517 presos. Se pretende llegar a uno cada 90.
En este marco, en La Plata están preparando una reforma: se le exigirá secundario completo a los agentes, también que no tengan denuncias por violación de derechos humanos y se instrumentará un nuevo escalafón en el cual se dividirá a aquellos que se ocupan de la seguridad de quienes asisten a los presos.
Además, un tema, obvio pero clave: que no puedan ingresar quienes tienen antecedentes penales. Una de las primeras decisiones que tomó el Ministerio de Justicia fue requerir al Registro de Reincidencia un informe sobre los agentes. Sorpresa: 52 efectivos tenían condenas penales y seguían siendo parte del SPB. Otros 67 se encontraban con procesos penales en trámite mientras que otros 61 van camino al juicio oral. Como si fuera poco, 215 agentes estaban con una probation.
También se reformará el régimen de sanciones y faltas, como a los ascensos y designaciones. Funcionará una junta de calificaciones para evaluar a oficiales y suboficiales, en la cual se los calificará por desempeño y antecedentes. Actualmente también se están evaluando las últimas camadas de egresados por su escasa formación.
Todos los cambios comenzaron con la intervención por noventa días del SPB, cuando ya se había pasado a disponibilidad a 132 agentes. Seguramente cuando culmine ese plazo se renovará por otros 90. La idea que barajan en Justicia es que sean civiles quienes manejen tanto
Asuntos Internos como la administración. En este contexto, Asuntos Internos ya trabaja en el cruce de los informes de evaluación de desempeño con los de reincidencia y los sumarios abiertos. Para ello, se contrataron abogados especialistas en el tema. En La Plata no dudan: será un trabajo progresivo. Hay 410 casos en estudio donde se presume que podrían estar en franca ilegalidad.
