Eugenio Raúl Zaffaroni opinó sobre la problemática de las drogas y el narcotráfico, consideró que Argentina no es un país productor de estupefacientes y alertó sobre el riesgo de convertirse en "zona de triangulación".
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió al proyecto de despenalización de todas las drogas, impulsado por el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina: "Si producimos, nos vamos a ahorrar divisas", ironizó.
"En cocaína no podemos ser país de producción, podemos ser de marihuana, porque se planta en cualquier lado, hasta en los balcones", agregó el magistrado, que en enero cumple 75 años y podría retirarse del máximo tribunal.
Además, evitó polemizar con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien volvió a pedir "políticas de Estado claras para combatir el narcotráfico". Para Zaffaroni, "geopolíticamente estamos bastante protegidos, lejos de centros de consumo" y "ha habido marchas y contramarchas, pero me parece que la política ahora es bastante positiva".
"Lo grave sería que como país de triangulación se nos metan las mafias, lo cual no se está produciendo, las de Rosario eran mafias locales", advirtió el juez en declaraciones a radio América. También pidió "no desviar cañones del aparato represivo hacia algo que no sirve para nada y concentrarlos en el narcotráfico".
"Una cosa es lo policial contra el narcotráfico y el control del narcotráfico y otra cosa es el tratamiento del dependiente, la no punición del consumidor. Es algo que vengo sosteniendo hace treinta años. Lo único que hace la punición al consumidor es derivar esfuerzos gratuitos por parte de la policía, judicial, etcétera", consideró el ministro de la Suprema Corte.
Zaffaroni reconoció que "hay una fuerte presión de la política represiva de Estados Unidos en esto. Lo que ha producido es esta locura mundial". "Es una medida política internacional que está vinculada al circulante mundial, un negocio redondo que hacen determinados poderes económicos a los que no les importa la vida de nadie", continuó.
Por eso, el juez reclamó acompañar el combate contra el crimen organizado con una "fuerte política asistencial". "Hay sacerdotes de villas que están viendo un problema dramático, que es el paco. Es un estupefaciente, pero más que eso es un veneno que destruye a pibes muy chicos. Ahí el problema es otro, porque cuando el pibe está dado vuelta se necesita una intervención compulsiva. El consumidor de paco no va voluntariamente a buscar un tratamiento", diferenció.
"Esa intervención compulsiva no tenemos que confundirla con la punición. Es una intervención compulsiva en un caso de crisis aguda, ahí hay que meterse y hacer una política enérgica, pero es un problema de salud, no de penas", concluyó.
