Acusada durante más de dos décadas y media de democracia de ejercer favoritismo hacia el partido de gobierno y de turbios manejos financieros, Radio Televisión Española (RTVE) inició esta semana una nueva etapa con el juramento ante el Congreso de un consejo directivo nombrado con el consenso de una mayoría calificada del Parlamento.
Los dos partidos mayoritarios, Socialista (PSOE, en el gobierno) y Popular (PP, conservador) acordaron la designación del Luis Fernández como presidente de RTVE, quien desempeñó hasta ahora diversos cargos en medios gráficos y audiovisuales privados, de diferentes ideologías.
Se trata de la primera vez que un presidente de gobierno español cede su potestad de designar al jefe del canal estatal, órgano que, a falta quizás de otros problemas más graves, ocupó reiteradamente el centro del debate ibérico.
En algún sentido, el ente español tiene puntos de contacto con nuestro canal estatal pero con un cero más.
- RTVE alberga a 10.000 trabajadores, algunos de ellos transformados en burócratas y con alto nivel de sindicalización.
- Se reproducen en su seno contratos extraños con productoras que dejan en bretes financieros al canal. Luego de un drástico recorte, el presupuesto este año será de 1.200 millones de euros, algo por encima del gasto del Estado argentino en la totalidad de su sistema universitario público.
- Sin que esté clara, la deuda de RTVE alcanza 7.500 millones de dólares (algo menor que la deuda externa de Uruguay).
- Hasta ahora, de cara a la política interna, los informativos mostraban un favoritismo bastante evidente hacia La Moncloa. (queda en la retina aquel grosero manejo informativo de los atentados de Atocha y la forzada vinculación del hecho con el terrorismo vasco ETA)
Cualquiera que haya concedido a TVE unos minutos de zapping sabrá que allí existen programas más propios de la mediocridad de un canal comercial privado que de uno estatal. Suena a poco, pero es más que no tener que soportar a Pedro Olgo Ochoa, Gerardo Sofovich o a la Tota Santillán en “el canal de todos”.
Como valiosa contracara, la emisora pública española pudo exhibir un despliegue informativo internacional que la colocó entre las más desarrolladas del mundo.
Fernández estará acompañado de 11 consejeros. Ocho corresponden a la cámara de Diputados y otros tres, al Senado. El PSOE designó a tres delegados, el PP a cuatro, Izquierda Unida a uno, al igual que el independentismo catalán radical (ERC) y moderado (CIU) (TVE tiene tres cadenas: la principal, La 2. -contenidos culturales- y TV3 para Catalunya). Otros dos delegados corresponden a sendas designaciones sindicales de Comisiones Obreras (izquierda) y UGT (socialista).
La nueva norma establece que la gestión que comienza tiene plena autonomía y no dependerá en nada funcionalmente del gobierno. Está por verse si el ensayo español funciona. Seguramente es poco trasladable hacia la Argentina, en cuyo Congreso imperan el transfuguismo y la fragmentación entre las bancadas no peronistas. Más que un acuerdo parlamentario, no sería extraño que con un modelo similar en la Argentina terminen designando al director del canal estatal entre Coti Nosiglia y Luis Barrionuevo.
Pero vale el ejemplo para separar de una vez por todas a la gestión de Canal 7 de algún despacho de la Casa Rosada, cualquiera fuere. Un cuerpo colegiado mixto, con representantes de los poderes estatales, ONG intachables y las universidades públicas sería el puente de salida del actual pantano.
De lo contrario, corremos el riesgo de sólo gozar intermitentemente de segmentos propios de un canal público de acuerdo al humor o la capacidad de resistencia a las presiones de un funcionario.
