Los médicos denuncian a empresarios de la salud por evasión

Por Héctor Garín (*)

A fines de 2014 la AFIP convocó a la AMAP y a las cámaras que nuclean a las empresas de salud para informarles que dictaría una resolución que reglamentaría la contratación de personal médico en relación de dependencia de acuerdo al número de camas de las entidades sanitarias privadas. La normativa debía llevar el nombre de indicador mínimo de trabajadores de establecimientos sanitario. Según esta norma cada 100 camas debían existir 173 médicos registrados para que los servicios médicos pudieran funcionar correctamente. 

Durante 2015 la AMAP continuó con sus denuncias sobre la alarmante precariedad laboral de los médicos y se trabajó junto a la AFIP para tratar de resolver el problema. Lamentablemente, esta agencia -parte del Estado- no pudo aislarse de los tiempos electorales y dejó para más adelante la implementación del IMT (Índice Mínimo de Trabajadores) para Clínicas, Hospitales, Sanatorios y otros establecimientos sanitarios con el fin de no generar reacciones adversas en los empresarios.

Este proyecto no llegó a aplicarse porque las elecciones provocaron un cambio de autoridades. La AMAP se entrevistó con los nuevos responsables de la AFIP quienes no vieron posibilidades de avanzar -o no quisieron- con el tema, pues las sanciones que se dictaminaran por incumplimientos de la ley no podrían aplicarse por la Ley de Emergencia Sanitaria (Decreto 486/2002).

El trabajo no registrado es el mismo de entonces: alrededor del 40% en la Capital Federal y entre un 95% a un 98% en el resto del país.

La AMAP tuvo conversaciones sobre este tema con el secretario General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el diputado nacional Héctor Daer, quien apoyó nuestro reclamo y sugirió trabajar en el sentido de registrar a los médicos del sector y ver el mecanismo para no generar cierres de clínicas y sanatorios por razones económicas o financieras, por medio de un proyecto de ley de perdón o de moratoria impositiva.

También se presentó un anteproyecto en ese sentido al Dr. Juan Carlos Paulucci Malvis, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Según las últimas informaciones, se confirmó que el Ministro de Trabajo y la CGT, cuyo uno de los integrantes del triunvirato que la conduce es el diputado Daer, están hablando este tema, movilizado desde hace años por la AMAP.

Si los médicos no reclaman su derecho a estar registrados es porque en el fondo no se reconocen como trabajadores dependientes, sino que todavía se visualizan como profesiones liberales cuando en realidad no lo son porque trabajan siempre para un tercer pagador que los contrata, los dirige, los controla, los sanciona y les paga.

Muchas organizaciones médico-gremiales, no sindicales, que debieran velar por el bienestar del médico, no lo hacen porque son dueños o administradores de muchas de las clínicas, sanatorios o empresas de ambulancias. No es que sean cómplices de los empleadores de los médicos sino que ellos son parte las cámaras o del grupo de empleadores de nuestros colegas.

La plata que no se aporta al Estado y al sistema previsional y de obras sociales es muy difícil de evaluar porque no hay estadísticas oficiales; recuerden que la misma AFIP estaba convencida, hasta nuestra intervención, de que ser monotributista era la lógica en la contratación de los médicos y que la relación de dependencia era la excepción. 

Lo que podemos informar sobre esta situación es aproximado. Nuestros cálculos son:

. Existen alrededor de 100.000 médicos que trabajan en el sector privado en todo el país. De los cuales consideramos que 75.000 no están registrados y hacen aportes como monotributistas y a las cajas de previsión y seguro médico de cada provincia donde existen.

. Si estimamos que el promedio de ingresos por trabajador es de $30.000 brutos, nos da un total de $2.250.000.000 mensuales. Si contamos el aguinaldo, anualmente serían $29.250.000.000.

. Los médicos deberían aportar como trabajadores un 11% de aporte previsional, un 3% de la Ley 19032 -aporte al PAMI- y un 3% de aporte a su obra social. En total un 17% que representan $340.000.000 mensuales o $4.972.500.000 anuales.

. Los empleadores deben aportar un 34% en sus aportes y contribuciones, es decir $9.945.000.000 anuales.

. Si sumamos ambos aportes el Estado deja de percibir $14.917.500.000 por año.

Con contundencia, estos números hablan por sí solos. Es el Estado con sus organismos de control quien debe tomar medidas claras en contra de la falta de aportes que va de la mano de la precarización del trabajo de los médicos y cuyo cumplimiento redundaría en favor de la salud de la población y la jubilación de los médicos. 

 

(*) Secretario General de la AMAP y presidente de la Federación Médica de la Capital Federal