La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará en abril, por octava vez, su proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa tuvo media sanción a favor en junio de 2018 en la Cámara de Diputados y, en agosto, quedó trunca tras su paso por el Senado.
Para ello, 190 representantes de la organización aprobaron, este fin de semana en Córdoba, un proyecto consensuado que incorpora reformas al presentado el año pasado.
El texto surgió, como aclaran a PERFIL, no de forma unilateral sino en discusiones en treinta regionales, que luego volvieron a reunirse para hacer nuevas modificaciones, teniendo en cuenta no sólo lo discutido en el Congreso en 2017 sino también a nivel social, y particularidades de cada región.
El apoyo internacional al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina
Aunque el proyecto, según adelantan, se está terminando de redactar, voceras de la Campaña adelantaron a PERFIL cuáles son los puntos principales sobre los que se realizaron modificaciones:
- Se despenaliza la práctica hasta la semana 14, y luego se mantienen los causales contemplados en el Código Penal enfocados en la salud integral (entendida como lo plantea la OMS) y los casos de violación.
- Incorpora los derechos de niñas, niños y adolescentes en relación a lo que plantea el Código Civil en cuanto a la autonomía progresiva de la toma de decisiones fundamentales de la vida, como el aborto.
- Tendrá nuevas formulaciones con respecto a las personas con discapacidad y capacidades restringidas, para que la decisión sea propia en el primer caso y, para quienes lo requieran, que cuenten con el acompañamiento necesario.
- Incluye un artículo sobre ESI y derechos sexuales y reproductivos, cómo se dan esos contenidos en las aulas: el tema del aborto presentado no como una problemática sino como un derecho.
- Suma además una nueva formulación en el Código Penal, en el sentido en que ninguna mujer o persona con capacidad de gestación pueda ser penalizada, y esa penalización recaiga en los profesionales o quien causara el aborto sin consentimiento de la mujer.
- Que la práctica esté garantizada tanto en el sistema público de forma gratuita, pero también que se incorpore dentro del Plan Médico Obligatorio para que las obras sociales y las prepagas lo cubran en su totalidad. "El 60% de las personas gestantes se atienden en obras sociales. 20% en sistema público y un poco menos del 20% en prepagas", aclaran desde la Campaña.
"Somos una campaña viva, no fundamentalista; que escucha el debate y lo incorpora, y busca superarse. Siempre estamos reformando y pensando cómo llegar al objetivo principal, que es que se garanticen los derechos de mujeres y personas gestantes", aseguró Celeste Mac Dougall, docente e integrante de la comisión redactora del proyecto en el colectivo.
C.F.E./F.F.
