Al mal tiempo, poner la cara

La condición crítica actual que están atravesando las provincias de Rio Negro, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba como resultado de los recientes incendios e inundaciones no es, de ninguna manera, algo novedoso. Han habido en la historia de la humanidad varios desastres naturales que emergieron como consecuencia de los cambios bruscos en el clima. Algunos de ellos incluso muchos más violentos que los que estamos atravesando en estos tiempos. Aun así, no hace falta remontarse demasiado tiempo atrás para reconocer las delicadas situaciones que se han vivido producto de este tipo de fenómenos en nuestro país. Tampoco nos sorprende como argentinos que la estrategia discursiva que predomina gobierno tras gobierno sea la de responsabilizar a la gestión pasada por los problemas del presente. 

Lo cierto es que, ya sea por causa del propio devenir de la naturaleza como por las posibles consecuencias negativas del accionar imprudente del hombre, en el mundo entero suceden catástrofes naturales que, sin importar cuál fuere su origen o tipología, siempre tienen un factor común: los daños a las personas, sus bienes y el medio ambiente, pueden alcanzar magnitudes insospechadas, transformándose en grandes crisis humanitarias siempre que la sociedad no está preparada para evitarlos o mitigarlos.

En el caso puntual de la Argentina, la falta de planificación estratégica acompañada por la corrupción en la gestión de la obra pública, la falta de instrumentos adecuados para hacer frente a las emergencias y la falta de planes efectivos de contingencia ante cualquier potencial crisis, han sido una constante histórica.  La cruda realidad con la que nos encontramos los argentinos cada vez que se desata un incendio forestal, es que parecería ser más efectivo "hacer la danza de la lluvia" que contar con una estrategia de contención por parte del Estado.

Mientras los honorables hombres de la política "discuten cuándo empezarán a discutir los proyectos de discusión", los verdaderos héroes anónimos son únicamente los bomberos y brigadistas que se enfrentan a las llamas con mas honor que herramientas o planes de acción.

Mientras tanto, desde el punto de vista institucional, nos encontramos en una situación jurídico-administrativa algo confusa: Por un lado, hoy en día prevalecen sistemas específicos de gestión de riesgos como por ejemplo el "Sistema Federal del Manejo del Fuego". Por otro lado, funcionando paralelamente pero de forma desarticulada con el anterior, hasta octubre de 2016 existió el SIFEM (Sistema Federal de Emergencias) que nunca fue activado en los 12 años de gestión del gobierno anterior, y que fue recientemente reemplazado por el Sinagir (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos), que por su parte tampoco parece estar siendo operativo aún.

Esta problemática que impera en el marco regulatorio actual termina por generar controversias respecto de cuáles son los actores que deberán involucrarse en cada etapa del proceso de contención de la emergencia en cuestión.

A causa de esto, existen pujas políticas e ideológicas que enturbian procesos que deberían encontrarse claramente estructurados en planes de gran escala con rápida velocidad de respuesta y con sistemas de alerta temprana. Es necesario unificar métodos y normas, ya que imperan diferentes criterios en las distintas áreas del Estado, donde es posible observar superposiciones, desentendimientos, falta de unidad de concepción y de ejecución. 

Mientras se discuten los presupuestos, las responsabilidades y los actores que deben involucrarse o no, estamos perdiendo gran parte del patrimonio nacional, individual y, por sobre todas las cosas, vidas.  

Resulta fundamental tomar cartas en el asunto de forma mucho más que urgente. Mientras continuemos sancionando leyes sin una estrategia sólida de Estado y Defensa Nacional por detrás seguiremos sumando más ruido a la discusión pero no soluciones eficientes. 

(*) Magister en Estrategia y Geopolítica y Licenciado en Ciencia Política de la Universidad San Andrés, especial para Perfil.com.