Cuando a las 14.50 suene la sirena en la calle Arroyo al 910, ese mismo sonido que aquella tarde del 17 de marzo de 1992 conmocionó al país , comenzará una vez más, como sucedió durante los últimos dieciséis años, un nuevo acto para pedir Justicia por el atentado a la Embajada de Israel.
Familiares de las víctimas, amigos y sobrevivientes del ataque participarán del acto, en el que se espera la presencia de autoridades del gobierno porteño y nacional. La lista de oradores de este año incluye al ministro de Seguridad Interior de Israel, Avi Dichter, al embajador israelí en Argentina, Rafael Eldad y a Carlos Susevich, padre de una de las víctimas fatales de la explosión.
En representación del Gobierno de la Ciudad, tendrá la palabra el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mientras que por parte de las autoridades nacionales no hablará, como estaba previsto, el canciller Jorge Taiana, quien estará en Washington en una Reunión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su reemplazo sería el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
La voladura de la sede de la embajada israelí ocurrió el 17 de marzo de 1992. Aquella tarde, según indican datos oficiales, murieron 22 personas, aunque algunas proyecciones realizadas a partir del hallazgo de restos humanos que nunca fueron identificados entre los escombros aumentan el número a 29. Los heridos fueron 350, entre ellos ancianos y niños de un geriátrico y un jardín de infantes aledaños.
5844 días de impunidad. Durante los tres primeros años que continuaron al atentado, no hubieron avances de importancia en la investigación, en gran medida por dilación judicial y por la falta de cooperación del gobierno menemista para que se investigue. La causa estaba a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, Ricardo Levene, quien se alejó en el 95.
Retomada por el secretario de la Corte, Esteban Canevari, se comenzó a investigar “la pista iraní”. Según manifestó el máximo tribunal en los años siguientes, el gobierno de Irán fue el “responsable político” del ataque y su coordinador el líder de la agrupación Hezbolla Imad Falles Moughnieh, asesinado en febrero de este año en Damasco. Sobre el miliciano libanés pesaba un pedido de captura internacional que expidió la Justicia argentina contra nueve sospechosos del ataque a la sede de la AMIA.
El 25 de febrero último, una jueza de Estados Unidos condenó a Irán por el atentado contra la Embajada y dictaminó que el país persa debe pagarle más de 33 millones de dólares a la familia del diplomático israelí David Ben-Rafael, una de las víctimas, en concepto de indemnización.
