La Corte Suprema de Justicia intimó hoy al gobierno nacional a que, en un plazo de veinte días, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de inseguridad en la que viven los internos en las cárceles de la provincia de Mendoza, cuyo sistema penitenciario fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la muerte, en un año, de 16 presos.
El tribunal también instruyó a la Suprema Corte mendocina y a todo el Poder Judicial provincial
para que, “con la urgencia del caso,
hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención, que importe
un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad
internacional al Estado Federal”.
Es que el 6 de septiembre pasado, el organismo internacional había hecho observaciones al
Estado argentino con relación a la situación de las cárceles mendocinas. En aquel momento,
recomendó una serie de medidas para garantizar la vida e integridad física de los presos. Sin
embargo, esos avisos
fueron ignoradas.
Un grupo de organizaciones de derechos humanos también reportó
“condiciones infrahumanas” en los establecimientos penitenciarios, con
fallas como la falta de agua y baños, alojamiento en celdas donde los internos duermen en medio de
sus excrementos y padecen enfermedades infecciosas.
El caso es que hoy el máximo tribunal conminó al
gobierno del presidente Néstor Kirchner a implementar medidas para revertir las condiciones
de encarcelamiento en Mendoza y le impuso, además, la obligación de informar a la Corte,
cada veinte días, sobre las acciones del Estado Nacional orientadas a solucionar el problema, y de
la evolución del caso.
“El Tribunal, como custodio que es de las garantías constitucionales, y en atención a
la falta de resultados obtenidos con relación a la orden dada por la CIDH se ve en la ineludible
obligación de, intimar al Estado Nacional a que en el plazo de veinte días adopte las medidas que
pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias de la provincia de
Mendoza”, consigna el fallo.
La Corte notificó su resolución –que fue votada
en forma unánime– al Ministerio de Justicia de la Nación, al gobernador
mendocino Julio Cobos y al supremo tribunal provincial. La resolución del supremo tribunal lleva
las firmas del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de la vice Elena Highton de Nolasco y de
los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.
Los ministros intervinieron en el caso porque el propio Estado Nacional y la provincia de
Mendoza fueron denunciados ante los tribunales nacionales e internacionales por presunta violación
de los derechos a la salud, a la vida y a la integridad física de la población carcelaria. La
Corte, anteriormente, ya había hecho lugar a una acción colectiva para proteger la vida de los
presos en las superpobladas cárceles de
la provincia de Buenos Aires.
Fuente: DyN y Télam
