Este año, en el país, las mujeres lideraron muchos de los reclamos que más se sintieron. El aborto legal fue una de las luchas más fuertes que protagonizaron, con pañuelos verdes en puños, cuellos y mochilas como emblemas de una campaña que abrió las puertas a un debate social mucho más amplio. Sororidad fue una de las palabras que más se escucharon, que incorporó la RAE y refiere a la “solidaridad entre mujeres frente a las diferentes situaciones de discriminación sexual que han sufrido y aún experimentan”.
En su informe anual Derechos Hoy, Amnistía Internacional destacó que las mujeres activistas de todo el mundo estuvieron a la vanguardia de la batalla por los derechos humanos, y destacó, en particular, a las mujeres argentinas en su lucha por el aborto.
En febrero, desde la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito se anunciaba que se presentaría el proyecto por séptima vez para que fuera tratado en el Congreso de la Nación. La diferencia, esta vez, fue que contó con las suficientes firmas como para que el debate llegara al recinto. Miles de oradores, a favor y en contra, expusieron sus argumentos.
El 14 de junio, tras un histórico debate que duró más de veinte horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Afuera, miles de mujeres hicieron vigilia durante toda la noche esperando el resultado. Y el 9 de agosto la Cámara de Senadores rechazó el proyecto. Desde la campaña, ya anunciaron que volverán a presentarlo en 2019.
El debate por el aborto volvió a poner el foco en el reclamo de los estudiantes por Educación Sexual Integral, lo cual abrió una nueva batalla entre los sectores autodenominados “provida”, que se oponen a que se incluya la ideología de género en los contenidos.
Violencia. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres volvieron a salir a las calles, y esta vez el reclamo por el aborto legal se hizo sentir, con miles llevando sus pañuelos verdes y cantando el lema de la campaña: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En junio, se hizo una nueva marcha de Ni Una Menos, a tres años de la primera movilización, convocada por un grupo de periodistas tras el femicidio de Chiara Páez, en 2015.
Según el informe que presenta cada año la ONG La Casa del Encuentro, una mujer muere víctima de violencia de género cada 32 horas. Y según una encuesta global de Fundación AVON, el 67% de las mujeres argentinas dice haber sufrido algún tipo de abuso.
En octubre, el Ejecutivo reglamentó la Ley Brisa, que el Congreso sancionó en julio, una reparación económica para los hijos de las víctimas de femicidio. El nombre hace referencia a Brisa Barrionuevo, una nena de 3 años, cuya madre fue asesinada por su marido, quien fue detenido.
Ola de denuncias. El 11 de diciembre pasado, en una conferencia de prensa en el Multiteatro, el colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente por violación a Juan Darthés, luego de la denuncia penal que le hizo la actriz Thelma Fardin en Nicaragua, por abusos ocurridos en 2009 durante una gira de Patito Feo. A partir de la denuncia, con el lema #MiraComoNosPonemos, las redes se llenaron de testimonios relatando experiencias, muchas ocurridas hace muchos años. También se multiplicaron los llamados a todas las líneas de asistencia a víctimas, la 144, la 137 y la 0800-222-1717.
Las denuncias llegaron también al ámbito político y a los colegios: en el Nacional de Buenos Aires, un grupo de estudiantes había denunciado situaciones de abuso y acoso que sufrieron alumnas por parte de docentes y preceptores. Y ex alumnos del colegio ORT, contra el médico pediatra Alberto Cirulnik, que trabajó allí.
Justicia patriarcal. Tras el fallo que absolvió a los tres acusados de violar y matar a Lucía Pérez, la joven de 16 años que murió en Mar del Plata el año pasado, y cuyo femicidio impulsó el primer paro de mujeres en el país, el colectivo Ni Una Menos convocó a un paro de mujeres y a una movilización contra la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales. Y a pocos días de terminar el año parlamentario, el Congreso Nacional sancionó la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos en ejercicio a recibir capacitaciones en temas de género.
