El argentino que defiende a Garzón: "El franquismo fue uno de los mayores genocidios"

Expectantes pero sabedores que la suerte podría ser esquiva. Así están hoy quienes defienden al juez español Baltasar Garzón, acusado de prevaricación durante su investigación sobre las torturas y desapariciones forzadas en España entre 1936 y 1975.

La reciente condena a once años de inhabilitación por hallarlo responsable de las escuchas ilegales del caso Gürten golpeó de lleno a la esperanza de una absolución frente al pedido de veinte años de inhabilitación por haberse declarado competente para investigar los atropellos franquistas. Para las organizaciones de extrema derecha que querellan al super-juez español, Garzón incurrió en prevaricación al desoír la Ley de Amnistía 46/1977. Para el juez –y quienes lo defienden- la norma es impropia por considerarse los delitos del franquismo como crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles e inamnistiables.

El abogado argentino Carlos Slepoy conoce bien ese tema. Si bien hace cerca de dos décadas ejerce como abogado en causas sobre Derechos Humanos, él mismo fue victima del terrorismo de Estado: detenido en marzo de 1976, poco antes del golpe militar, se exilió en España en noviembre de 1997.

Además, sigue de cerca el trabajo de Garzón. Trabajaron juntos en la acción legal contra el dictador Augusto Pinochet, lo que valió algunos premios internacionales. En enero de 2005, compareció ante los tribunales madrileños como parte de la acusación contra Adolfo Scilingo, condenado por el juez español a 1084 años de prisión. Años más tarde, participó del juicio al represor Ricardo Cavallo, extraditado de México a España, y luego a Argentina, donde fue condenado a prisión perpetua.

Lo que también sabe es cuán difícil puede ser llevar al estrado a los responsables de la matanza de una de las épocas más oscuras de la historia española y poner en palabras la experiencia de las víctimas. Mientras por primera vez en España se oye, de voz de sus familiares, lo que la querella contra Garzón ha intentado callar, se estima que tan sólo entre 1936 y 1951 hubo entre 114 mil y 130 desaparecidos en el país, mientras que ya son mil las fosas comunes detectadas hasta hoy. Mientras la Justicia española pareciera darle la espalda a Garzón, en Buenos Aires víctimas directas e indirectas del General Francisco Franco aspiran a que el sistema judicial argentino atienda sus reclamos.

- Perfil.com: ¿Cómo recibe el sistema jurídico español el juicio contra Baltasar Garzón? ¿Cuáles son las impresiones de sus colegas?

- Slepoy: De todo hay en la viña del señor, pero la mayoría de los jueces está escandalizado con este proceso. Constituye, entre otras cosas, un ataque contra la independencia de los jueces que se ven, lógicamente, amenazados ante la posibilidad de que, por declararse competentes para conocer de un asunto, puedan ser acusados de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta. Nunca antes se había abierto un proceso contra un juez por declararse competente... Es absolutamente inaudito, si además se tiene en cuenta que Garzón fundó sobradamente las razones de su competencia.

- Los familiares de victimas del franquismo sostienen que quienes llevan adelante el juicio debieran “por lo menos pedir perdón”. ¿A quienes haría extensiva esa frase hoy?

- Lo que quieren los familiares y las víctimas es verdad, justicia y reparación tras tantos años de impunidad. Es impensable que los victimarios pidan perdón y, en todo caso, el supuesto arrepentimiento no puede ni debe impedir la acción de la justicia.

No saber. En adición a las famosas causas contra dictadores en Latinoamérica, Garzón autorizó el 16 de octubre de 2008 exhumaciones en 19 fosas en las que se se presumía podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca, entre otros desaparecidos. La medida se aplicó a partir de la entrada en vigencia de la ley para la Recuperación de la Memoria Histórica, aprobada durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin resultados satisfactorios, en diciembre de 2009 concluyeron las investigaciones. Durante todo el proceso, la familia de Lorca se había opuesto reiteradamente a las pesquisas, tras argumentar que "no querer abrir las fosas no significa no querer saber". Afirmaron entonces que no quería convertir algo íntimo en un "espectáculo mediático". Aún hoy, sigue siendo un misterio el destino del cadáver del poeta español.

- ¿Cuál es el apoyo real con el que cuenta Garzón en España? Si bien gran parte de la sociedad se ha mostrado en su favor, años atrás, cuando aparecieron fosas comunes y se abrió la posibilidad de restituir los restos a las familias, hubo muchos que prefirieron dejarlos allí.

Garzón es apoyado por una parte sustancial de la sociedad española en la medida en que ha atendido sus reclamos y abierto caminos para la realización de justicia. Hay familiares que, efectivamente, no quieren investigar adónde se encuentran los restos de sus seres queridos, pero son una exigua minoría. Casi todos quieren saberlo y enterrarlos dignamente.

- La causa que originó la avanzada contra el juez se ha desmembrado hoy en tribunales regionales. ¿Cómo sigue hoy?

- Por ahora, la mayoría de esos tribunales han archivado las causas. Los pocos que están actuando se limitan a supervisar el hallazgo de fosas comunes y la exhumación de cuerpos y otros han planteado que quien realmente es competente para investigar los crímenes es el juzgado de cuya titularidad Garzón fue despojado.
Estoy convencido de que, como pasó en Argentina en su momento, habrá jueces y fiscales que impulsen causas penales. Aunque eso aún está inmaduro, ocurrirá si persiste la movilización social y el reclamo internacional por la investigación de los crímenes.

Justicia fuera del país. Muchos años antes de que Argentina derogara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se activaran juicios penales contra los represores de la última dictadura, el juez Garzón había conmocionado a la sociedad al juzgar, en su país a algunos torturadores y cómplices. El caso Scilingo fue uno de los juicios más reconocidos del magistrado, pero por sus expedientes pasaron también Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, alias "Teniente Vaca", el único civil acusado de tripular los "vuelos de la muerte”; Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", acusado de haber participado en el Grupo de Tareas de la ESMA; Juan Carlos "Lobo" Fotea Dineri, sargento de la Policía Federal; y Guillermo Suárez Mason, conocido como el carnicero del Olimpo, entre otros represores.

- Son varios los países que podrían iniciar juicios por los crímenes durante la dictadura franquista. ¿Por qué sugieren a Argentina? ¿Es posible pensar esto como la necesidad de “devolver” el gesto por haber enjuiciado a represores en España?

- El procedimiento abierto en Argentina es consecuencia de diversos factores: la existencia de un mandato constitucional para enjuiciar a quienes cometen crímenes contra la humanidad en cualquier lugar del mundo, lo que se conoce como “principio de jurisdicción” o “justicia universal”; el sustancial avance que han tenido las causas contra los responsables de estos crímenes cometidos en Argentina y la “devolución” del enorme favor que prestaron en su día las actuaciones de Garzón para quebrar la impunidad.

- ¿Cuál es el planteo de la querella realizada en Buenos Aires, que tramita hoy en el juzgado de la Dra. Servini de Cubria?

- La querella se plantea en base a los mismos principios, de persecución judicial universal de los responsables de crímenes internacionales, que determinaron la actuación de a justicia española en relación con los cometidos en Argentina, Chile y, más allá, en todos los países del Cono Sur afectados por el Plan Cóndor.

Está caratulada como Genocidio, en el entendimiento de que estamos ante un plan sistemático y masivo de exterminio contra múltiples grupos humanos de la sociedad española, uno de los mayores genocidios del siglo XX.

- Dado que la Justicia argentina, y tal vez de otros países se apoyen en el concepto jurídico de "principio de jurisdicción universal" para continuar las causas contra los delitos del franquismo, ¿cuáles serían las herramientas con que podría contar los franquistas para contrarrestar estos nuevos frentes internacionales?

- Como ocurrió en Argentina y en Chile, y como en general ocurre en estos casos, ejercerán presiones políticas y diplomáticas, y apelarán a distintos argumentos para intentar paralizar las actuaciones: no injerencia en asuntos internos, alegación de que los hechos ya se están investigando en España, etc. Felizmente contamos con una normativa y jurisprudencia, nacional e internacional, que debe impedir que estas presiones y argumentaciones prosperen.

- ¿Cuáles son sus expectativas en torno a un posible juicio en nuestro país?

- Las expectativas son muy grandes. La jueza Servini de Cubría, que cuenta con el respaldo de la Cámara Federal de Bs.As., ha adoptado ya importantes medidas y esperamos que éstas se incrementen. Nuestra perspectiva es que se dicten órdenes internacionales de detención contra aquellos responsables vivos -que son muchos, recordemos que la investigación abarca a toda la dictadura franquista– a los que se les puedan imputar crímenes concretos. Ya hay varios en la causa en esta situación. De otro lado, más importantes que las mías, son las expectativas que la querella argentina ha despertado en la sociedad española. Represaliados por el franquismo y familiares de las víctimas se están volcando masivamente en el procedimiento argentino preparando las querellas y denuncias que nos les son admitidas en España. Exactamente igual que cuando los de la dictadura argentina concurrían ante la Justicia española.