Redactor de Sociedad en Diario Perfil. Mail: [email protected] TW: @corsalini
Tras la violenta agresión que sufrió un joven que quedó en grave estado tras ser golpeado por un trapito en San Martín por negarse a pagarle (ver aparte), la polémica por la presencia de los cuidacoches en el espacio público volvió a estar en el ojo de la tormenta.
En el ámbito de la Ciudad, mientras el bloque de legisladores oficialistas apunta a prohibir la existencia de los cuidacoches, las otras fuerzas políticas ultiman los detalles de los proyectos de ley que apuntan a presentar para regular su actividad.
Desde el PRO, buscan que su actividad deje de considerarse una contravención y sea definida directamente como un delito. Mientras tanto, otros bloques apuntan a armar un registro público de trapitos, tal como ocurre en algunas ciudades del interior y otros países de la región.
“La prohibición de la actividad es el único camino viable que vemos”, aseguró Francisco Quintana, jefe de la bancada PRO en la Legislatura. “Esperamos que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad facilite la coordinación de los procedimientos para erradicarlos, tal como pasó con los manteros”, dijo a PERFIL. “Más allá de considerar que la normativa no es la adecuada, no quedaba claro quién era el responsable de hacer cumplir esa ley”, agregó.
En contrapartida, uno de los proyectos que volverán a discutirse en Perú 160 es el que impulsa Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda), que fue presentado en 2014 y plantea un Registro de Cuidadores de Vehículos (RCV). “Nuestra iniciativa es similar a la que fue presentada y aprobada por el FpV en 2011 y que el Ejecutivo vetó. Apuntamos a separar a las mafias de la gente honesta y a regularizar la actividad con un registro, permisos revocables, zonas rotativas, pago voluntario y control público”, afirma el legislador.
Presencia controlada. Tanto en algunas ciudades del interior del país como en otros países de la región, la actividad de los cuidacoches está regulada y funciona con un sistema de contribución voluntaria.
En Córdoba, por ejemplo, se organizó a través de cooperativas. Los trapitos usan pecheras identificatorias de color naranja, tienen áreas determinadas y tarifas diurnas, y hay entre 1.500 y 2.000 personas registradas.
En Santa Fe, están regulados desde la década del 80. Según la ley, los “cuidadores de vehículos en la vía pública deben ayudar a un mejor y más rápido estacionamiento” de los autos.
En Chile y Uruguay también trabajan con regulación municipal. En Santiago hay sectores donde los cuidadores entregan un comprobante con el tiempo y el valor que el conductor debe abonar.
