Escándalo en San Juan por una estafa multimillonaria
La Justicia investiga una presunta usina de facturas que habría evadido
más de 30 millones de pesos en impuestos.
Los detalles.
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La provincia de San Juan se convirtió en el escenario de un escandalosa estafa multimillonaria. Casi 50 sociedades, algunas de ellas manejadas por personajes conocidos en la provincia, están siendo investigadas por la Justicia Federal luego de que una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectara una presunta evasión fiscal que alcanza más de 30 millones de pesos.
Como sospechosos del delito de asociación ilícita, en una maniobra que incluye facturas apócrifas, sociedades fantasmas y compras simuladas, ya hay dos contadores y una abogada de San Juan detenidos. Según consigna el Diario de Cuyo, se cree que formaban parte de un grupo que constituyó alrededor de 50 sociedades truchas con el propósito de vender facturas y lograr así que empresas provinciales de renombre eviten al organismo recaudador.
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Si bien la causa se inició el año pasado, la investigación ya lleva mas de tres años y varios allanamientos, entre ellos uno que incluyó 16 empresas y estudios y que se llevó a cabo en agosto de 2005. Recién el jueves de la semana pasada cayeron los primeros imputados: el contador Francisco Martiniano Place y la abogada Graciela Vega Lecich. Si bien todavía no están procesados, el magistrado los mantiene detenidos debido al riego de fuga. El tercer detenido es Sebastián Fernández de Cieza.
Según la Justicia, los tres detenidos podrían ser los autores de las "usinas de facturas", sociedades que se arman sin capacidad patrimonial, con integrantes insolventes, que no cumplen la actividad que indican y que, en algunos casos, tienen domicilios falsos. El objetivo de estas empresas es simular una operación para finalmente evadir el la obligación de pagar impuestos.
Del lado de las empresas que utilizaron este servicio, la Justicia investiga a tres grandes firmas por evasión impositiva. El delito podría ser simple o agravado, que depende de la cantidad de dinero que se evadió. Según la investigación de la AFIP, el monto podría alcanzar la suma de 7 millones de pesos en IVA y casi 24 millones de pesos en el impuesto a las Ganancias.
