Febres: organismos de DDHH indignados tras liberación de prefectos acusados y las dudas sobre el asesinato

La decisión de la Cámara Federal de San Martín de poner en duda el asesinato del represor de la ESMA Héctor Febres y dictar una resolución que hoy dejó libres a los prefectos acusados puso en alerta a los organismos de derechos humanos, que analizan recurrir a la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema.

"Esto es una barbaridad. Es peor que dejarlos en libertad: ponen en duda el homicidio", dijo a la agencia DyN el abogado Luis Bonomi, uno de los querellantes en la causa.

Incluso, sostuvo que "a un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López y a días del aniversario del golpe, parece un mensaje de impunidad y protección para los represores que están actuando en la sombras".

Los organismos pusieron el acento en que ese supuesto mensaje salió de la Cámara Federal de San Martín que, por ejemplo, en el 2004 declaró la inconstitucionalidad de la ley que anuló las normas de Punto Final y Obediencia Debida.

Ayer, los jueces Alberto Criscuolo y Horacio Prack revocaron el procesamiento por homicidio agravado de los dos prefectos involucrados en la muerte del represor de la ESMA, Héctor Volpi y Rubén Iglesias, por entender que no había pruebas suficientes para establecer si efectivamente había sido asesinado.

Para la Cámara, Febres se habría suicidado preocupado porque en el juicio al que estaba siendo sometido lo iban a condenar y sus bienes serían embargados, a raíz de lo cual su familia se quedaría en la calle.

El tribunal confirmó los procesamientos de Iglesias -jefe de la base del Delta- y Volpi -custodio personal de Febres- por abuso de autoridad, a raíz de las irregularidades que se detectaron en el marco de la causa y que dieron cuenta de los privilegios que recibía el ex represor en el marco de su supuesto arresto.

Además, la Cámara les bajó la caución de sus bienes de 900 mil a 150 mil pesos, pero dejó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la pesquisa, la decisión de liberarlos.

Hoy, la jueza firmó esas liberaciones, mientras los abogados de la querella se agolpaban en el juzgado indignados ante la noticia.

Además, la Cámara revocó los procesamientos de los hijos y la esposa de Febres que habían quedado imputados por el encubrimiento, aunque no quedaron desafectados de la investigación.

uatro días antes de que se conociera el veredicto en el juicio oral que lo tenía como acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, Febres, de 66 años, fue encontrado muerto en dependencias de la Prefectura Naval, en la zona Delta de Buenos Aires, donde permanecía detenido.

El cadáver de Febres fue hallado el 10 de diciembre (día internacional de los Derechos Humanos y fecha en la que asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner) y, según la jueza, fue asesinado por envenenamiento porque tenía planeado revelar nombres y detalles de la represión de Estado durante la última dictadura. La jueza investigaba quiénes idearon y participaron del plan que implicó darle cianuro a Febres en la sede de la Prefectura donde cumplía una flexible detención por crímenes ocurridos de la dictadura.

Pero ahora la Cámara Federal le dijo que profundice la investigación porque todavía es pronto para sostener que fue un crimen y afirmó que había testimonios que indicaban la intención de Febres de suicidarse.

Fuente: DyN