Hábeas corpus por chicos privados ilegalmente de su libertad

Organizaciones sociales presentaron hoy un recurso de hábeas corpus colectivo para que sean liberados los cerca de 60 chicos detenidos "ilegalmente", por causas no penales, en el Instituto de Menores San Martín, del barrio de Parque Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires.

La presentación fue efectuada por la Fundación Sur Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que la rechazó, y recayó en el Juzgado de Menores número 7. En caso de no prosperar por las diferentes vías judiciales recurrirán a la Corte Suprema.

Al mismo tiempo, pidieron que sean citados a declarar los funcionarios públicos del área, para que ellos informen a la Justicia de todos los programas que existen y que podrían hacerse cargo de la asistencia a estos chicos, pero no privados de su libertad.

Detenciones ilegales. La directora de la Fundación Sur, Laura Musa lamentó que los jóvenes "terminan en institutos de menores como si fueran delincuentes cuando en realidad deberían ser sus problemas materia de solución por parte de las políticas sociales" del Estado.

En 2005 había en la Ciudad de Buenos Aires 1584 menores de 18 años alojados en 75 institutos, y casi 20.000 en todo el país, de los cuales el 85 por ciento no está involucrado en causas penales, según fuentes oficiales.

Los chicos son internados por orden de jueces de menores o de familia. En la mayoría de los casos, provienen de hogares de bajos recursos. Los casos suelen estar vinculados a adicciones, deficiencias habitacionales y de violencia familiar, por lo cual quedan privados de su libertad bajo la tutela del Estado nacional.

Musa refirió que desde fines del año pasado rige una nueva ley de infancia (la 26.061) "que indica claramente que por razones asistenciales no se puede privar de libertad" a un menor de edad.

Por esa razón, en una conferencia de prensa realizada este mediodía, consideró que "es una detención arbitraria e ilegítima".

Estado desbordado. "A estos chicos nadie les pregunta si han cometido un delito, ni se investiga aunque ellos quieran, y están tutelados por el Estado pero privados de la libertad. Esto es tapar la pobreza detrás de los muros de los institutos de menores, la respuesta más brutal y simplista que puede darse, pero que ahora además es ilegal", sentenció.

En tanto, la directora del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), Nora Schulman, solicitó a los jueces que "empiecen a ver las causas de estos chicos como personas y no como legajos".

Musa enfatizó que "la privación de libertad por razones asistenciales lo que muestra es un default del Estado en procurar asistir a estos chicos y a sus familias del modo que tiene que hacer".

"Por eso estamos pidiendo la libertad, pero no que los saquen a la calle sin ninguna respuesta, para eso hay organismos del Estado, la Secretaría de la Niñez, el Consejo del Menor, la Secretaría de Derechos de la Infancia en la Ciudad, que tienen herramientas como para incorporar a distintos programas a estos chicos", agregó.