Un proyecto de ley del Ejecutivo Nacional busca que los crímenes de violencia de género dejen de ser considerados de instancia privada, y se conviertan en delitos de instancia pública. Así, el Estado podrá intervenir de oficio a través de sus diferentes poderes, y tomar medidas de acción inmediatas ante la primera alerta, ya sea una denuncia en la comisaría o un llamado a las líneas de asistencia. Además se tomarán en cuenta las denuncias de terceros, sin necesidad de que sean ratificadas por las víctimas, para que se investiguen todos los casos, desde los más leves a los más graves, y no se puedan archivar.
El proyecto modificaría artículos del Código Penal para exceptuar del carácter de delito de instancia privada a aquellos vinculados a cuestiones de violencia de género o intrafamiliar. Actualmente, tanto los de lesiones leves como de abuso sexual en sus diferentes formas son de instancia privada, lo que significa que se requiere de la denuncia de la víctima. Países como España e Inglaterra ya implementaron esta medida con buenos resultados, según explicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante la presentación de la iniciativa que impulsa la cartera que dirige.
En 2018 volvió a aumentar la cantidad de consultas por violencia de género
“El Estado tiene que cuidar la vida de las personas. Con esta ley, desde la política pública decimos que la violencia de género no es de instancia privada. Siempre alguien está al tanto, y a esas personas queremos llamar a que denuncien. Lo que buscamos es que no se llegue al femicidio”, explicó la ministra durante al presentación del proyecto, que se incorporará al debate parlamentario por la reforma del Código Penal, aunque podrá ser tratado aparte y luego incorporarse al mismo.
“Buscamos poner por delante el bien jurídico a proteger, que es la vida de las mujeres. Una sola medida no alcanza para erradicar los femicidios. Con esta ley se refuerza que la denuncia hay que tomarla, y se buscan herramientas que complementen las leyes vigentes para ayudar a que cada vez más mujeres denuncien”, aportó Fabiana Tuñez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres INAM). De la presentación también participaron la ministra de Salud y Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley; y la coordinadora de políticas de género del Ministerio de Seguridad, Carolina Barone.
Sufrieron violencia de género y hoy trabajan cuidando las plazas
El último informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia registró 278 víctimas fatales de violencia de género en 2018. Ese mismo año, en las comisarías de todo el país, hubo unas 500 mil denuncias. Según datos de la cartera de Seguridad nacional, en 2017, solo el 16% de las víctimas de femicidio había hecho una denuncia previa en el ámbito policial o judicial. Y en más del 70% de los casos, los crímenes se cometieron en el hogar de la victima, que en muchos casos compartía con su victimario.
La ley en cuestión busca ser una medida de prevención en las primeras etapas de los acontecimientos, a fin de detectar en forma temprana la presencia de hechos que atenten contra la vida de las mujeres. Y es un complemento a las acciones contempladas por la ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, las medidas de restricción, los botones antipánico y tobilleras para monitorear a los agresores, la red de refugios y el otorgamiento de subsidios.
Se complementa, también, con la ley Micaela, que impulsa la capacitacion en género a todos los funcionarios públicos, para que toda alerta realizada por una víctima sea considerada de forma obligatoria. Y con la creación del registro unificado de denuncias de violencia de género, cuya implementación está en proceso, que permitirá crear una base a la que accedan todas las fuerzas de seguridad del país, y el Poder Judicial.
JH/FF
