SOCIEDAD
Por cortes de luz

Indagatorias por las dos muertes en el Santojanni

Cuatro ex empleados del hospital y un ex funcionario porteño fueron citados a declarar por la muerte de dos pacientes en el Hospital Santojanni, luego de un corte de luz que les interrumpió el suministro de oxígeno.

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La justicia llamó a prestar declaración indagatorio a cuatro ex empleados del Hospital Santojanni y un ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus presuntas responsabilidades en la falla eléctrica que le costó la vida a dos pacientes en el Hospital Santojanni, el pasado 30 de junio de 2005.

El corte de luz provocó la interrupción de suministro de oxígeno en respiradotes artificiales, causando así el fallecimiento de Antonio Trimboli y Norma Fernández.

La medida fue dispuesta por el juez subrogante de instrucción número 6, Gustavo Pierreti, que elevó un trámite procesal por presunto homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el llamado a indagatoria están incluidas la declaración de Walter Piller, Horacio Longarte, un hombre de apellido Guethi encargado del área de electricidad y electrónica de la firma Poliequipos en el Hospital D.F. Santojanni durante el turno mañana, Pedro Justich y Mario Rocco, en aquel entonces responsable de la Dirección General de Recursos Físicos de la Secretaría de Salud porteña.

Los cinco personas son investigadas por su papel en el mantenimiento que dejó sin energía a los respiradotes artificiales, ocasionando el fallecimiento de los pacientes.

La fiscal de instrucción Mónica Cuñaro encargada de la medida procesal, argumentó en su presentación que ese día se cortó la luz “en forma imprevista y por las maniobras realizadas por operarios de la empresa Poliequipos en el tablero que alimenta de electricidad a los comprensores de aire comprimido”.

En su informé, Cuñaró también señalo que tales maniobras “se realizaron sin ser informados los Jefes de departamento de la Unidad de Terapia Intensiva, Shock Room, ni quirófanos del hospital, pese a estar expresamente establecido, y es práctica diaria en cualquier servicio de hosptal”.

La fiscal también detectó que la empresa que prestaba el servicio de mantenimiento, operaba en condiciones supuestamente irregulares.

“En el año 2003 el contrato de concesión se encontraba vencido, sin perjuicio de lo cual mediante sucesivas prorrogas -sin nuevo llamado a licitación- la firma continuaba a cargo de dichas tareas", consigna el dictamen.

La causa había estado a punto de ser archivada, donde la actuación de la jueza subrogante de origen, María Guillermina Martínez, fue duramente criticada.