La justicia llamó a prestar declaración indagatorio a cuatro ex empleados del Hospital Santojanni y
un ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus presuntas responsabilidades en
la falla eléctrica que le costó la vida a dos pacientes en el Hospital Santojanni, el pasado 30 de
junio de 2005.
El corte de luz provocó la interrupción de suministro de oxígeno en respiradotes
artificiales, causando así el fallecimiento de Antonio Trimboli y Norma Fernández.
La medida fue dispuesta por el juez subrogante de instrucción número 6, Gustavo Pierreti, que
elevó un trámite procesal por presunto homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
En el llamado a indagatoria están incluidas la declaración de Walter Piller, Horacio
Longarte, un hombre de apellido Guethi encargado del área de electricidad y electrónica de la firma
Poliequipos en el Hospital D.F. Santojanni durante el turno mañana, Pedro Justich y Mario Rocco, en
aquel entonces responsable de la Dirección General de Recursos Físicos de la Secretaría de Salud
porteña.
Los cinco personas son investigadas por su papel en el mantenimiento que dejó sin energía a
los respiradotes artificiales, ocasionando el fallecimiento de los pacientes.
La fiscal de instrucción Mónica Cuñaro encargada de la medida procesal, argumentó en su
presentación que ese día se cortó la luz “en forma imprevista y por las maniobras realizadas
por operarios de la empresa Poliequipos en el tablero que alimenta de electricidad a los
comprensores de aire comprimido”.
En su informé, Cuñaró también señalo que tales maniobras “se realizaron sin ser
informados los Jefes de departamento de la Unidad de Terapia Intensiva, Shock Room, ni quirófanos
del hospital, pese a estar expresamente establecido, y es práctica diaria en cualquier servicio de
hosptal”.
La fiscal también detectó que la empresa que prestaba el servicio de mantenimiento, operaba
en condiciones supuestamente irregulares.
“En el año 2003 el contrato de concesión se encontraba vencido, sin perjuicio de lo
cual mediante sucesivas prorrogas -sin nuevo llamado a licitación- la firma continuaba a cargo de
dichas tareas", consigna el dictamen.
La causa había estado a punto de ser archivada, donde la actuación de la jueza subrogante de
origen, María Guillermina Martínez, fue duramente criticada.