Mientras tanto, una iniciativa impulsada por comerciantes y vecinos del barrio en la plataforma Change.org, “Salvemos a San Telmo”, ya cuenta con casi 70 mil firmas. Allí se reclama el reordenamiento de los artesanos y su reubicación en algunas de las ferias que funcionan en el Casco Histórico. También se denuncia la venta ilegal y las amenazas sufridas por comerciantes de la zona. En definitiva, piden que se cumpla la Ley 4121. Al mismo tiempo, se espera la resolución de un amparo presentado por los artesanos ante el Juzgado Nº 1 Contencioso y Administrativo Tributario de Romina Tesone.
En el reclamo los artesanos no solo piden volver a Defensa al 700, sino también al tramo que va del 800 al 1000 de esa arteria, lo cual está prohibido.
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“Acá no estamos en contra de los artesanos que se encuadran en la Ley 4121. Pero tampoco queremos que se vuelvan a instalar en Defensa a la altura del 800 al 1000. Sería perjudicial tanto para los vecinos como para los comerciantes”, afirmó, de manera contundente, Norberto Medrano, titular de la Asociación de Anticuarios. “Existe una ley y se la tiene que respetar. En San Telmo trabajan 2.200 feriantes que no tienen ni generan problemas y se ajustaron a derecho”, agregó. “La gente viene a San Telmo por los anticuarios y los feriantes. El Casco Histórico es una marca internacional que se hizo a partir de nuestro trabajo. Los manteros nunca fueron referentes”, señaló Juan Carlos Maugeri, anticuario con más de veinte años en la zona.
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público señalaron a PERFIL que siempre se manifestó el interés de llegar a una solución. “Se propone que puedan trabajar en el resto de la feria, que va desde Defensa 0 al 699”.
“De nuestra parte, ofrecemos diferentes propuestas al gobierno porteño pero no nos responden. Queremos volver a Defensa al 700, pero también presentamos un proyecto para volver a Defensa entre el 800 y el 1000. Esperamos poder negociar”, aseguró Asunción Prado, de la agrupación de artesanos.
Respecto a los incidentes ocurridos el domingo 10, desde la Fiscalía 35 de Celsa Ramíreza indicaron que “en ningún momento se quiso impedir el trabajo de los artesanos que despliegan su actividad en las inmediaciones sino que, por el contrario, solo se pretendía velar por quienes ocupaban el espacio público en la zona aludida por los denunciantes. Que lo hicieran dentro de los parámetros y en los sectores determinados a tal efecto por el GCBA”.
