Según los autores, expertos de la UBA, existe además un protocolo para seguir ante los errores históricos de entubar los arroyos en las ciudades. Cómo debería actuar el Estado.
Ante los reiterados episodios de inundación y anegamiento por lluvias en nuestras ciudades, se hace evidente que esta manera de pensar la relación entre ciudades y desastres ya no funciona. La planificación urbana que contempla a las obras de infraestructura como única solución es una idea perimida, obsoleta. Sobre la base de las ideas higienistas de fines del siglo XIX y principios del XX, se han entubado los arroyos en la ciudad de Buenos Aires y el arroyo El gato en La Plata, y se han construido terraplenes en la ciudad de Santa Fe, entre otros ejemplos. Nos preguntamos, entonces: ¿han sido estas obras la solución a las inundaciones? Y además, ¿han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población?
Por supuesto que los ríos y arroyos van a seguir estando. Pero no tenerlos a la vista genera una sensación de confianza en las obras y el consecuente olvido de esta amenaza, hasta que una lluvia lo hace presente. ¿Cuántos vecinos saben que el arroyo Maldonado está bajo la avenida Juan B. Justo en la ciudad de Buenos Aires? La acción de colocar obras hidráulicas frente a inundaciones (entubados, canalizaciones, terraplenes, defensas), termina valorando los suelos cercanos y lleva a la especulación inmobiliaria. La dinámica de esta última actividad, escasamente regulada, se encuentra en el origen de estos problemas. En los lugares donde se han llevado adelante significativas inversiones en este tipo de obras se advierte un fuerte proceso de densificación urbana, con mayor cantidad de edificios en altura. El barrio de Palermo, próximo a la avenida Juan B. Justo, es un claro ejemplo. En áreas inundables de las periferias urbanas donde también se ha realizado este tipo de obra se observa un corrimiento de los grupos menos favorecidos por parte del mercado inmobiliario y de los grupos más favorecidos. Esto último se presenta en el caso de las urbanizaciones cerradas en Tigre. Las obras viales también son un problema. Avenidas y calles se mejoran para la circulación con capas de asfalto que superan la altura de las veredas e impiden el desagüe desde las calles laterales. Pero generalmente los gobiernos no quieren gastar el dinero necesario para canalizar los excesos hídricos. Un puente se construye con menos luz porque es más económico, y en el caso de Santa Fe en 2003 esto tuvo resultados trágicos.
Más allá de este escenario de infraestructura urbana que por un lado protege y por el otro engaña, ¿quién escuchó hablar de planes de contingencia? ¿Quién sabe qué hacer y cómo evacuar el edificio donde vive en caso de emergencia? ¿Quién entiende que arrojar basura puede tapar desagües? La planificación del uso del suelo urbano debe incorporar estas amenazas en un plan de gestión integral de riesgo de desastre. Es necesario que las ciudades crezcan bajo estas pautas. No puede seguir densificándose una zona anegable. Debe haber cambios en los códigos de edificación y en los usos de suelo, y se debe incorporar esta mirada. El Estado debe acotar la especulación inmobiliaria hacia intereses comunes.
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La construcción de infraestructura urbana debe ser pensada en relación con los sistemas de desagües. También son necesarias campañas de difusión del cuidado de la vía pública en relación con la basura y los sistemas de desagüe, así como la generación de nuevos espacios verdes y la protección de los existentes; ellos son funcionales al sistema hídrico por su rol para el drenaje del agua de lluvia. Los arquitectos y los ingenieros pueden proveer pautas constructivas adaptadas a posibles inundaciones tanto para las viviendas familiares como para el resto de las edificaciones. Si nos colocamos sólo en la faz económica, hay acciones a desarrollar que permitirían obtener ahorros tanto públicos como privados: primas por seguros, disminución de jornadas laborales perdidas por inundaciones, menores deterioros por “oleaje” de vehículos sobre las propiedades frentistas.
Es imposible mantener una planta de empleados públicos para atender las catástrofes durante los períodos intermedios, cuando ellas no ocurren. Por eso hay que capacitar a empleados con otras funciones para que actúen cuando sea necesario (tal la idea de la Defensa Civil), pero además comunicar el riesgo de manera que todos participen en la ayuda con protocolos socialmente construidos y consensuados.
En definitiva, se trata de poner en acción propuestas ya elaboradas de manera participativa para la coordinación de las acciones tanto en prevención como en la atención de desastres cuando ellos sucedan, como por ejemplo lo plantea el Programa de Acciones Intersectoriales para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuya elaboración entre 2011 y 2012 se produjo por convocatoria del Polo Tecnológico SA con la presencia de múltiples instituciones nacionales relacionadas con la gestión de riesgo de desastres. Todas estas propuestas requieren un trabajo conjunto. Dejar de lado los enfrentamientos políticos, acordar una estrategia marco en entre ministerios, direcciones y jurisdicciones, comprometerse en planes a corto, mediano y largo plazo, mantener los compromisos e involucrar a los vecinos. Pero esto ya se sabe. Ahora hay que hacerlo.
*Pirna, Instituto de Geografía, UBA. www.pirna.com.ar
