“Todos podemos perder el control” es el manifiesto de la última película de Damián Szifrón, Relatos salvajes, en la que distintos personajes transitan por situaciones que los hacen reaccionar de manera explosiva. A Bombita, el personaje de Ricardo Darín, la grúa le lleva el auto, y lo que podría ser una escena cotidiana se convierte en un verdadero día de furia. “El acta dice que estaba mal y eso es prueba suficiente”, le dice el agente de tránsito que lo atiende, mientras Darín le explica, en vano, que la línea amarilla del cordón estaba sin pintar. “¿Qué se siente ser un chorro?”, le pregunta al pagar la multa. Luego, ante el controlador de faltas, estalla en furia y rompe con un matafuego el vidrio de la oficina del empleado que lo atiende, lo que le hace ganarse el aplauso de algunos infractores.
Lejos de la ficción, más de un espectador habrá sentido cierta cercanía con el personaje de Darín si alguna vez su auto fue acarreado. “Me trajeron mal el auto”, “no estaba pintado de amarillo”, “no había cartel de prohibido estacionar”, son las frases más repetidas por los conductores que van a buscar sus autos, estén o no en lo cierto. “Acá vienen muchos Darines”, dicen con gracia los agentes de tránsito, aunque no significa que el tema no los preocupe. “Este vidrio lo cambiaron hace poco”, cuenta una de las agentes de tránsito a la que PERFIL le preguntó por escenas de violencia como la de la película, que si bien son las menos –lo más común es el insulto y el mal humor–, cada tanto alguno pierde el control.
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En la Ciudad se acarrean 14 mil autos por mes, es decir que cada tres minutos alguna de las cincuenta grúas que trabajan las 24 horas de los siete días de la semana se lleva un vehículo. Tres años atrás la cifra era menor –12 mil autos–, pero cuando se sumó Puerto Madero a la zona de acarreo el número subió y se mantuvo. Basta pararse un rato en algunas de las playas para infractores para ver el interminable desfile.
Las empresas a cargo del negocio son dos: Dakota SA (STO, Sistema de Tránsito Ordenado), que opera en la zona norte, y BDR Saicfi (SEC, Sistema de Estacionamiento Controlado), en la zona sur. Ambas lograron los contratos en la década del 90, y pese a tenerlos vencidos desde 2001, siguen operando gracias a la concesión de prórrogas por parte de los distintos gobiernos. El costo del acarreo es de $ 450.
Durante los fines de semana se hacen más frecuentes los problemas, sobre todo por la noche. Aunque un mediodía de una jornada laborable también suele aparecer el personaje que estalla de furia. En las playas recuerdan los casos de una mujer que tiró todas las sillas del lugar y después quiso pasar con la barrera baja, y de un hombre que se quería meter dentro del cubículo para pegarle al que intentaba cobrarle el acarreo. Las multas más comunes son por estacionar en las esquinas o sobre el lado izquierdo. O en avenidas donde no está permitido, como Corrientes.
“La bronca es por todo, pero más que nada por cómo se amplió la zona de grúas sin pasar por la Legislatura, y porque los contratos de las empresas están vencidos hace 13 años”, dice Juan Chavarri, de la asociación vecinal No al Parquímetro, que nació en 2008, cuando Barrio Norte pasó a formar parte del recorrido de las grúas.
Además, son las propias empresas de grúa las que tienen a cargo la autoridad de pintar y señalizar correctamente los lugares donde se puede y no estacionar –más allá del conocimiento de la reglas de tránsito que deben tener los ciudadanos–, por lo que muchos ven ahí una contradicción.
“Ellos mismos pintan el cordón amarillo para que después venga la grúa”, dice Chavarri. En ese contexto, un fallo reciente de la Justicia porteña (ver aparte) le dio la razón a un conductor que presentó un amparo ante el Gobierno luego de que le llevaran su auto, que estaba bien estacionado, en una zona donde la señalización era confusa.
Joven abogado ganó juicio antiacarreo
“Yo no me volví loco, pero al ciudadano común le puede pasar”, dice Rodrigo Martín Alustiza (38), abogado que presentó un amparo ante el gobierno porteño luego de que la grúa se llevara su auto en septiembre del año pasado. La Justicia porteña falló recientemente a su favor por considerar que tenía razón cuando explicaba que la zona donde su auto fue acarreado (en la calle Pacheco de Melo) no contaba con una señalización clara para determinar si se podía estacionar.
“A mí me acarrean el auto un domingo, estaba estacionado frente a mi casa, y cuando bajo y no lo veo lo primero que pensé fue que me lo habían robado, porque no me habían dejado ningún cartel. Voy a la comisaría y me dicen que a lo mejor se lo llevó la grúa. Cuando voy a retirar el auto, veo que está abollado del lado del conductor, pago, me lo llevo y a la semana voy a ver al controlador de faltas para que me devuelvan la plata porque no había cometido ninguna infracción”, explica. Y agrega: “Ahí me dicen que el auto estaba estacionado en un garaje, lo cual no es cierto porque ahí funciona una academia de inglés, y mi auto estaba en la casa de al lado. Se llevan autos al azar”, dice.
En esa zona donde antes funcionaron las fotomultas, la asociación de vecinos logró impedir la instalación de parquímetros. Entonces llegaron los carteles de prohibido estacionar. Y si bien la prohibición rige para el lado izquierdo, los vecinos dicen que los autos estacionan igual y no siempre se los llevan, o que paran remises y camiones, y no les hacen la multa. También pasó que les dejaran carteles con alerta de multa a los autos estacionados del lado derecho, donde está permitido, y no hay carteles que digan lo contrario.
“Cuando voy a ver al controlador de faltas me dice: ‘¿Viene a pagar la multa? No, le digo, vengo a hacer el descargo; y me contesta: Ah, como todos’, con prepotencia, y me insistía con que del lado derecho estaba prohibido estacionar en Pacheco de Melo, lo cual no es cierto”. Su caso recayó en el Juzgado 13, a cargo del juez Guillermo Scheibler, quien tras inspeccionar la zona determinó que la cartelería en la zona era confusa, por lo que en su fallo ordena al gobierno porteño instalar señales más claras.
El caso de la jueza Parrilli
En 2009, la jueza Rosa Elsa Parrilli fue destituida por mal desempeño de su cargo luego de que se difundieran imágenes donde se la veía insultando en medio de un escándalo con dos agentes de tránsito porteñas, luego de que acarrearan su auto.
“Me sacaron el auto y yo no tengo que pagar, como no tengo que pagar nada en la vida”, “Yo soy la que da las órdenes”, y “Todas morochas, ni una rubia”, fueron algunos de los insultos que la jueza les propinó a las empleadas de la playa de infractores. Además, para zafar de pagar la multa y el acarreo, Parrilli apeló a su condición de jueza e intentó excusarse alegando que estaba en un procedimiento.
