Esta semana, el fiscal Fernando Arrigo terminó con su alegato –que le ocupó cinco audiencias– en el juicio por la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012, donde pidió penas para todos los imputados, entre ellos empresarios y funcionarios, y explicó cómo la falta de mantenimiento en las formaciones y las fallas en los controles incidieron en la tragedia. “Lo que pasó ese día no fue una casualidad”, asegura a PERFIL. —En su alegato habló de conductas “determinantes” para que sucediera la tragedia, ¿a cuáles se refiere? —Acá hubo dos conductas típicas, el estrago culposo y la administración fraudulenta. Para la determinación de las penas nos basamos en cómo fueron los hechos, en la extensión del daño que tuvieron, y en la capacidad que tenía cada uno de los imputados para evitar ese resultado, en el caso del estrago; y qué participación les cupo en relación al perjuicio causado a los bienes del Estado, en este caso al Chapa 16. —¿Por qué la pena del motorman es menor? —La pena de Córdoba no es baja, aunque lo sea en proporción a las demás, porque entiendo que su conducta estuvo altamente condicionada. —¿Qué lo condicionaba? —Las condiciones en que trabajaba, la falta de mantenimiento del tren. Hablamos de un chico con dos años de antigüedad manejando un tren en horario pico. —¿No hubo negligencia de su parte? — Sí, porque 120 segundos antes del choque él aplica el freno de servicio y le sale un freno degradado. Entonces, conforme lo que dice Brito (N. de la R. uno de los peritos oficiales) 100 segundos antes del choque él ya se da cuenta de la falla como para reaccionar y aplicar el freno de emergencia, pero no lo hace. Lo aplica tarde, que es cuando se da la disminución de 27 a 20 km/h. Si lo hubiera aplicado a tiempo probablemente evitaba el daño o hubiera sido un accidente mucho menor. También le reprocho el exceso de velocidad, aunque considero que el tren no tenía velocímetro. —¿Por qué no tenía? —Porque estos coches originalmente tenían un freno dinámico, que daba el velocímetro, pero lo exigía mucho. Entonces se lo quitan, y queda el de aire comprimido. También le sacan los compresores. Todo esto aporta a las responsabilidades de los imputados. Algunos sobre los coches, otros en los controles, otros porque seguían pagando subsidios, cuando uno de los requisitos para mantener los fondos públicos era controlar que se estuviera cumpliendo con el contrato, que acá no se cumplía. Si funcionarios y empresarios hubieran actuado como debían, no se hubieran perjudicado los bienes del Estado, y no hubiera sucedido lo que sucedió el 22 de febrero. —En los mails de los imputados de TBA hablan del Chapa 16 como un tren “condenado a la inactividad”, ¿cómo se explica que igual circulara? —Porque se quedaron sin coches. Lo que pasó ese día no fue una casualidad. En el caso de LAPA, por ejemplo, sonó una alarma y el piloto no la escuchó. Acá no hubo alarma, el tren tenía agujeros en la chapa, los coches estaban podridos, se les habían vencido las reparaciones. Era un negocio para las empresas, porque cuando se rompían, las licitaciones para las reparaciones las ganaban empresas vinculadas a TBA. —¿Cómo toma las críticas de Schiavi a su alegato? —El se está defendiendo, prefiero no opinar. —¿Y de la declaración de de Jaime, que admitió haber recibido dádivas? —Nosotros ofrecimos ese expediente como prueba. Lo dijo (el Auditor General de la Nación, Leandro) Despouy en una audiencia, la única forma de explicar que se mantuviera la concesión es que los funcionarios tuvieran alguna retribución de los empresarios. —¿Hay pruebas suficientes para demostrarlo? —Si no tengo pruebas, no acuso. Y acá la prueba que hay es mucha, no hubo mantenimiento, no hubo control. Hubo trenes que entraron a la estación a más velocidad que el Chapa 16 y no chocaron, porque los frenos funcionaron. Si acá hubieran funcionado, también hubiera frenado. —Pero en las pericias se indicó que funcionaron. —La pericia dijo que no encontraron causas objetivas de mal funcionamiento. Eso y decir que funcionen no es lo mismo. Los peritos fueron a los registros de audio y a la información de los manuales, y se hizo una prueba en otra formación, en buen estado, donde se aplicaron los frenos y el tren frenaba. La conclusión no es que andaban los del Chapa 16, es una extrapolación que no se puede hacer. —¿Fue movilizante la presencia de familiares de las víctimas en su alegato? —Sí, no me lo olvido más. No suele venir mucha gente a los juicios, y acá se turnan para estar siempre.
Las penas solicitadas En el caso de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el fiscal Fernando Arrigo solicitó penas de 11 años y 10 años y 10 meses, respectivamente. En el caso de los dueños de TBA, Claudio y Mario Cirigliano, el fiscal solicitó 10 años, al igual que para varios gerentes de la entonces concesionaria del Sarmiento. En todos los casos, los delitos por los que se los acusa son el de estrago culposo y defraudación a la administración pública. En el caso del maquinista Marcos Córdoba, el fiscal consideró sólo el delito de estrago culposo, por lo que solicitó al Tribunal Nº 2 una pena de 3 años y 8 meses. En audiencias anteriores, dos de las querellas habían solicitado penas de hasta 22 años para el motorman, mientras que otras dos solicitaron su absolución. Mañana, en tanto, empezarán a exponer las defensas
