Esta semana se presentó el plan nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, que cuenta entre sus más de cien acciones con la implementación de las pulseras y tobilleras electrónicas para los agresores, como una medida más eficaz de protección para las víctimas que los denuncian y obtienen una orden judicial de restricción perimetral. Estos dispositivos ya se utilizan en Uruguay o España, donde, desde su implementación, hace ocho años, “no hubo ningún caso de femicidio con las mujeres que lo utilizan”, explica a PERFIL Miguel Lorente, ex delegado de Gobierno contra la Violencia de Género en ese país hasta 2011. “Esta medida es positiva porque tiene un doble efecto: por un lado, disuasorio, ya que los agresores saben que están vigilados y disminuyen el intento de acceder a la mujer; y si eso finalmente ocurre, nos da una alerta que permite actuar inmediatamente”, sostiene. Allí, el sistema consiste en una pulsera o tobillera que llevan tanto la víctima como el agresor, que suma además un celular con GPS. “No puede desprenderse de ninguno de los dos. Si se separa, lo manipula, o no carga la batería, suena la alarma y rápidamente se pone en marcha el protocolo de la policía más cercana”, agrega. El seguimiento se hace desde un centro de control que opera una compañía de seguridad externa, que permite hacer un monitoreo constante de todos los dispositivos en uso. En ese contexto, el principal problema que ve Lorente desde su aplicación fue que, justamente, se utilizó poco. “Compramos tres mil y pensamos que, considerando la cantidad de denuncias y casos de violencia que tenemos en España, en un año y medio se iban a usar todos, pero a hoy sólo se usaron 800”, dice. Es que ciertos sectores del Poder Judicial lo ven como un elemento que limita el derecho, a lo que el especialista responde que “hay mujeres que están siendo asesinadas, pese a tener órdenes de protección”. En ese contexto, alega que “es un sistema necesario”, dice, ya que en ese país cada año se cuentan sesenta mujeres asesinadas que tenían órdenes de protección, mientras que no hubo ningún caso entre aquellas que cuentan con este sistema.
El foco en el problema. Entre las acciones que el experto destaca en España, se cuentan las evaluaciones periódicas del riesgo de la mujer que denuncia; además de trabajar para achicar oportunidades en que el agresor pueda actuar. “Hay que fijarse mucho en quién genera el riesgo. Si está identificado, tenemos que abordarlo también como origen del problema”, explica. Eso se suma al trabajo que se hizo con la policía, donde se creó un grupo específico que trabaja con casos de violencia contra la mujer para dar una respuesta eficaz.
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Anunciado esta semana, el plan nacional contra la violencia de género –desarrollado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)– se pondrá en marcha en 2017, con un presupuesto inicial de $ 750 millones. Habrá más refugios, una currícula especial en escuelas y pulseras o tobilleras electrónicas para el agresor con orden de restricción perimetral, medida que también se pondrá en marcha en la provincia de Buenos Aires, cuyo plan propio hace foco en los hijos de las víctimas.
