“Habitación 407”. El encargado del Once Plaza Hotel no reconoció sus nombres, pero sí los rostros que le exhibieron los agentes de la Policía Federal. Los mexicanos se habían registrado con nombres falsos el 1º de mayo y, seis días más tarde, se esfumaron. Detrás, dejaron en el cuarto unas pocas pertenencias que fueron guardadas en la bodega del hotel. Allí, los uniformados encontraron bolsos con prendas de vestir, pasaportes, tickets de avión, anotaciones, un comprobante del Banco Nación, dinero (400 dólares y 2.200 pesos) y la fotografía de una mujer: la odontóloga Marcela Verónica Simón. Carlos David Angulo López y Juan Marco Antonio López Quintero llegaron al país desde Sinaloa y pensaban marcharse el 18 de mayo. Pero algo salió mal y fueron detenidos sin ejecutar el plan. El juez Ernesto Botto los procesó por robo agravado por el uso de armas de fuego de guerra en grado de tentativa, pero investiga otro camino. Con la asistencia de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, al mando de Néstor Roncaglia, busca determinar si los mexicanos eran sicarios contratados para matar a Simón, esposa y socia de Diego Colombini, el abogado que fue investigado por lavado de dinero del narcótrafico junto a Walter Mosca. Angulo López y López Quintero desplegaron, al menos, la metodología utilizada por los sicarios. Al llegar al Aeropuerto de Ezeiza, los recibió un hombre de nacionalidad argentina. Luego, tuvieron una reunión en la que se sospecha recibieron tres pistolas calibre 22, cartuchos con punta hueca y silenciadores. Creen que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con los fideicomisos millonarios de Nordelta, que no se ejecutaron debido a la inhibición de bienes ordenada por el juez federal Alberto Santamarina. Si bien no se descarta que ambos podrían pertenecer al cartel de Sinaloa y que podrían tener experiencia en el sicariato, quedaron expuestos como principiantes. Su abogado, Ramón Arigos, del estudio AG&M, apeló la decisión de Botto porque cree que no hay motivos que ameriten el robo. La secuencia que los llevó a prisión comenzó el 7 de mayo, cerca de las 18.15, cuando los dos mexicanos junto a un tercer cómplice, que logró escapar, llegaron a un edificio de la calle Malabia al 500. Encapuchados y armados, aprovecharon el ingreso de un residente y accedieron al hall central, donde tomaron como rehenes a dos mujeres y les ordenaron subir al ascensor. “Vamos al tercero, a lo de la doctora”, les dijeron. Una de las testigos notó que “estaban como desorientados”. “La doctora se mudó a la esquina, te dieron mal el dato. Si querés te llevo”, les mintió una de las mujeres para sacarlos del edificio. Lo lograron. Los cuatro descendieron por el ascensor y cuando llegaron al hall, un policía les apuntaba. Los mexicanos tomaron por el cuello a las rehenes y las usaron como escudo para salir. Al doblar la esquina, los esperaban varios móviles policiales. Ya no tenían escapatoria. Un tiro le perforó el hombro a uno de ellos, el otro recibió un fuerte golpe en la cabeza. Nunca supieron que Simón, en ese momento, estaba en el departamento del tercer piso. En la declaración, la mujer de Colombini resaltó que escuchó las sirenas, dejó el edificio y vio a la policía pero que no imaginaba que era a ella a quien buscaban.
El arquitecto que está en la mira de todos Si bien los dos mexicanos permanecen en prisión por tentativa de robo, los investigadores van tras una pista relacionada con la trunca ejecución de fideicomisos por parte de Diego Colombini en sociedad con el arquitecto Walter Mosca. En el procesamiento, al que tuvo acceso PERFIL, el juez Botta menciona que ambos están sospechados de “lavado de activos de una organización de presuntos narcotraficantes colombianos”. Se trata de la causa que llevó adelante el juez Alberto Santamarina, que terminó con la detención de una banda que operaba desde Nordelta y que estaría liderada por el colombiano Antonio Yepes. Fuentes de la investigación indicaron a este diario que buscan en los celulares secuestrados de los mexicanos indicios que los lleven a las personas que habrían organizado el ataque. También indagan sobre la titularidad de dos de las pistolas que llevaban los presuntos sicarios, que no fueron denunciadas como robadas, y sobre el hombre que los recibió en Ezeiza.
