La Cámara Federal reiteró que los menores sometidos a proceso en causas por drogas
deben ser juzgados por tribunales específicos y no corresponde a la justicia de
adultos analizar sus conductas, tal como lo establece la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Así lo recordó la Sala I al insistir en la posición doctrinaria que cada vez tiene mayor
fuerza entre los expertos, según la cual
deben ser los tribunales de menores y no la justicia federal la que investigue los
casos de presunta violación a la ley 23737, conocida como "ley de drogas".
Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler insistieron en esos argumentos al atribuir a
un juzgado de menores la competencia para analizar el caso de una
adolescente de 17 años en cuyo poder se secuestraron ocho envoltorios de nylon con2,37 gramos de cocaína.
La causa se inició el 8 de septiembre último en la Capital Federal y originó un
conflicto de "competencia negativa", ya que tanto un juez de un tribunal de
menores y otro de la justicia federal se negaron a intervenir.
La Cámara puso fin al conflicto
remitiendo el expediente al tribunal de menores, el cual debe juzgar los
comportamientos de aquellos que aún no cumplieron los 18 años.
La cuestión nació a la luz de disposiciones aparentemente contradictorias ya que mientras la
"ley de drogas" establece que los delitos previstos y penados en ella "serán de competencia de la
justicia federal en todos el país",
la Convención sobre los Derechos del Niño afirma que serán "tribunales especiales" quienes
analicen las conductas de los menores.
En esta nueva resolución, los magistrados citaron fallos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos donde se sostiene que "los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de
una conducta delictuosa deben quedar sujetos a
órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores".
La justicia federal, aunque cuenta con oficinas tutelares y patronato de menores, "no logra
ponerse a la altura de un fuero especial para el tratamiento del menor", añadieron los jueces que
hicieron referencia, además, a indicaciones de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Ese tratado también enfatiza que "cuando los menores puedan ser procesados, deben ser
separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible,
para su tratamiento", motivo por el cual se dictó esta resolución atendiendo al
"superior interés del niño".
Fuente:
Télam