El defensor del
Pueblo de la Nación denunció ante la Corte Suprema que s
e está vulnerando el derecho de los habitantes a vivir en un
ambiente sano. También remarcó que
se agotaron los plazos de espera y que no es necesario agregar más
elementos de prueba para empezar a actuar.
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Cedoc
En la segunda jornada de audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para debatir el estado de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguró que "se están violando de manera flagrante los derechos humanos en la zona, especialmente el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano".
Mondino fue tajante en sus dichos y afirmó que es urgente "remediar las situaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos” que padecen los habitantes de la cuenca y remarcó que ya se han agotado los plazos de espera para que las autoridades públicas empiecen e actuar.
En su exposición, el ombudsman nacional se detuvo especialmente en la vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano que padecen los habitantes de la cuenca. “En mi opinión, no hay disfrute del derecho a la vida en condiciones de indignidad, a la vida que se vive en la enfermedad, en definitiva, a la vida desarrollada en un ambiente carente de toda sustentabilidad", afirmó Mondino.
El defensor del Pueblo también consideró que no se necesitan más pruebas del estado de la cuenca y que se deben tener en cuenta cuatro ejes principales de aquí en adelante.
En primer lugar, mencionó la necesidad de quebrar la inercia de la contaminación, para lo cual deben iniciarse de inmediato cada uno de los trabajos planteados.
Mondino, afirmó asimismo que deben prevenirse nuevos impactos ambientales, para lo cual deberán realizarse los debidos Estudios de Impacto Ambiental de obra proyectadas o a proyectar, no tenidos en cuenta hasta ahora.
Otro de los puntos clave sería el de atender los daños actuales en la salud de la población, implementando de manera inmediata un programa sanitario de emergencia para áreas críticas.
Por último, el defensor del Pueblo puntualizó que se debe garantizar la participación de múltiples actores sociales en la formulación e implementación de un plan integral que permita afrontar la complicada realidad existente en el ámbito de la Cuenca.
