Los padres de una niña de 12 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación en la
localidad de Maipú pidieron a la Justicia de Mendoza y al comité de bioética del hospital
pediátrico que autoricen la interrupción de la gestación.
El pedido fue realizado el viernes ante el juez de Familia Germán Ferrer, quien en 2006
autorizó el aborto terapéutico a una joven con discapacidad mental que había sido violada, y ante
el comité de bioética del hospital Humberto Notti, donde la niña se encuentra internada.
La niña fue víctima de abuso sexual el 29 de agosto, cuando emprendía el camino de regreso
del colegio hasta su casa, en el departamento Maipú. De acuerdo a la denuncia que presentó la
familia, ese día la niña fue sorprendida por un hombre encapuchado que la llevó hasta un descampado
y abusó de ella.
La niña no reveló el episodio porque su atacante la había amenazado, mientras días después la
madre la llevó a una consulta médica donde se constató el embarazo.
El ministro de Salud de la provincia, Sergio Saracco, dijo hoy a radio
Nihuil que es necesario "evaluar bien el caso y conocer cuál es su condición psicofísica
para ver si entra en lo que dicta la ley".
"Nosotros no podemos realizar ningún procedimiento", aclaró el funcionario, al resaltar que
la decisión sobre un posible aborto terapéutico la tomarán la justicia y los médicos que atienden
el caso. Saracco se manifestó en defensa de la vida del niño nacido y por nacer, pero admitió no
tener "información específica de cuál es la situación de la menor de edad".
"La ley es bien clara, indica que cuando hay riesgo de vida o en el caso de violación, cuando
es débil mental o hay alguna afección de ese tipo. Si no está encuadrado ahí y la Justicia no lo
entiende así, nosotros no podemos realizar ningún procedimiento", insistió.
Fuentes judiciales recordaron que el juez Ferrer se pronunció en agosto de 2006 a favor del
aborto terapéutico solicitado por los padres de una joven de 25 años con discapacidad mental que se
encontraba embarazada por una violación. Aquella situación generó una gran polémica, al punto que
el entonces ministro de Salud nacional, Ginés González García, se pronunció a favor del aborto
terapéutico junto a las autoridades provinciales, mientras el arzobispado local expresó sus razones
contra la práctica.
Si bien en el caso de la joven con discapacidad estaba contemplado textualmente en el
artículo 86 del Código Penal porque afectaba a una mujer con problemas mentales, la presentación
por la niña busca que la misma quede amparada en la norma en resguardo de su salud psíquica.
Fuente: DyN