Miembros de grupos ecologistas y aborígenes, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el sacerdote Luis Farinello y otras agrupaciones de derechos humanos presentaron un escrito en defensa de pueblos originarios en el marco de una disputa territorial que se dirime en el partido bonaerense de Tigre.
El Estado vendió a una desarrolladora de barrios privados dos hectáreas que atesoran un cementerio querandí de más de 1000 años y ahora la Justicia debe decidir si corresponde que la escritura de propiedad de ese terreno (que todavía no está hecha) sea confeccionada a nombre de una empresa privada.
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Las tierras en disputa pertenecían al Estado y en 2007 fueron vendidas a Chilespa, una sociedad anónima de la que forma parte el empresario Jorge O´Reilly, un ex asesor del intendente kircherista Sergio Massa. Luego Chilespa le cedió sus derechos y acciones a la desarrolladora San Benito S.A, un barrio privado que pretende construir donde se encuentra el cementerio querandí.
“Lamentablemente se habla de derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios se violan sistemáticamente”, le dijo Adolfo Pérez Esquivel a Perfil.com, consultado sobre este tema.
“Por un lado tienen un discurso progresista y por el otro están haciendo esto. Si ahí (en el Tigre) hay un cementerio de pueblos originarios no veo por qué están vendiendo las tierras y las están entregando a empresas que van a destruir todo”, afirmó.
“Lo grave es que destruyen la memoria, la identidad y el derecho de los pueblos originarios. Esto realmente nos preocupa cuando se habla de una democracia porque democracia no es sólo poner el voto en una urna. Significa derecho e igualdad para todos, respeto a la diversidad, a las identidades culturales y a los valores de los pueblos. Lamentablemente están destruyendo culturas que debieran respetarse tal como señala la Constitución Nacional", continuó.
Pérez Esquivel explicó que el SERPAJ preparó un amicus, es decir, una presentación en la que consta su opinión personal y la de diversas instituciones, para que el Juzgado Civil y Comercial Nº11, quien debe decidir qué sucederá con las escrituras de propiedad de los terrenos, contemple sus argumentos y los de organizaciones vinculadas con los derechos humanos.
“Nosotros no tenemos un sentido de propiedad, sentimos que pertenecemos a la Pacha Mama, la tierra, y que debemos defenderla. Por eso no queremos que se nos devuelvan las tierras. Que la titularidad la tome la provincia, la Nación, la intendencia u otra organización”, le aseguró a Perfil.com el líder del Movimiento en Defensa de la Pacha, el quechua-aymara Pedro Moreira.
El representante aborigen subrayó que su pueblo decidió reaccionar porque está en juego “un lugar muy importante” desde el punto de vista “histórico, antropológico y ecológico”. “En el Tigre se están haciendo cosas terribles para el ecosistema”, puntualizó en referencia a la proliferación de barrios náuticos privados que “destruyen los humedales y los lechos de ríos y lagos”.
Con respecto a la caminata en Tribunales, Moreira concluyó: “No queremos presionar a la Justicia. Lo único que queremos, desde nuestro humilde punto de vista, es darle fuerza a la jueza para que realmente se haga justicia. Yo creo que si hubiera justicia estaría de lado nuestro porque estamos defendiendo la tierra sin ninguna pretensión individual o particular”.
