Durante el debate por la legalización del aborto, el tema estuvo presente dentro y fuera del recinto: varios legisladores reconocieron la falta de aplicación de la ley de educación sexual en sus provincias; mientras que fue el único reclamo unificado de quienes se mostraron a favor y en contra y hasta el presidente Mauricio Macri se refirió a la necesidad de “seguir trabajando en la educación de los docentes”.
La ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 lleva doce años sancionada, pero aún su implementación no es equitativa en todas las escuelas del país. Mientras que el presupuesto y el desarrollo del programa son de ejecución nacional, su implementación y ejecución dependen de cada provincia.
En los resultados de las últimas pruebas Aprender, el 75% de los jóvenes reclamó por temas no abordados en la escuela, y dentro de ese universo el 79% reclamó educación sexual.
El año pasado, una encuesta de Fundación Huésped daba cuenta de que si bien la mayoría de estudiantes y docentes encuestados conocían la ley, no todos la abordaban, y quienes lo hacían lo hacían vinculada a temas del aparato reproductor, y no de diversidad, género, salud sexual. En muchos casos, el abordaje se daba en forma de charla con estudiantes y no dentro de los contenidos curriculares.
“El 50% de los estudiantes y el 96% de los docentes indican que conocen la ley, sin embargo, solo la mitad de los docentes entrevistados recibió formación en capacitaciones proporcionadas por el Estado. El 57% de los docentes indica que buscó información por sus propios medios”, rezaba el informe. Por otro lado, la Auditoría General de la Ciudad elaboró otro informe este año, donde daba cuenta de que en CABA, más del 80% de los docentes no había recibido ningún tipo de capacitación.
Por esto, el Ministerio de Educación nacional implementó cambios para potenciar la llegada de los contenidos de la ESI a todas las escuelas del país. Se incrementó el presupuesto, que este año fue de $ 100 millones, más del doble del anterior. Se crearon equipos docentes que serán quienes tengan a cargo el dictado de los contenidos dentro de las escuelas, y se firmó un acuerdo con Unicef para monitorear la implementación.
“Los equipos docentes están empezando a trabajar en todas las provincias. Notamos que hay mucha disparidad en cómo se implementa el programa, algunas provincias tienen mucha actividad, pero otras no tanto. En Aprender preguntamos a los chicos qué querían aprender y nos decían ESI”, explica Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación.
Contenidos. También se unificaron las temáticas del programa, ya que la ley contempla casi 300 lineamientos, que ahora se resumen en 49 núcleos de aprendizaje prioritarios. “Antes eran jornadas masivas en cualquier nivel y año, ahora nos enfocamos en que cada escuela conforme un equipo de docentes ESI y trabajen sobre estos núcleos”.
También se sumó un plan interministerial (entre Salud, Educación y Desarrollo Social) que aborda la problemática del embarazo no deseado adolescente, que además de trabajar sobre contenidos de educación sexual, con capacitaciones a docentes y estudiantes; crea consejerías y asesorías en salud sexual reproductiva, tanto en escuelas como en centros de salud, además de potenciar la distribución de métodos anticonceptivos en centros de salud y hospitales.
Según estadísticas nacionales, el 15% de los nacimientos anuales corresponden a madres adolescentes, de los cuales siete de cada diez son no intencionales. Sobre todo en las provincias del NOA y el GBA, donde están las cifras más elevadas. El presupuesto de 2018 es de $ 300 millones. “Uno de los efectos positivos en este debate es que nadie discute la necesidad de educación sexual en colegios, si antes había barreras, hoy ya no están”, aporta Gabriel Castelli, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
“Logramos la despenalización social del aborto”
A días de que el Senado rechazara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, colectivo que impulsó el proyecto, emitieron un comunicado con varios puntos, donde destacaron como un logro que se hayan abierto las puertas del Congreso para dar el debate, y haber logrado, tras las masivas expresiones en la calle, “la despenalización social del aborto y más temprano que tarde alcanzaremos la ley”.
En relación con la votación del miércoles, sostuvieron que “no hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad”, y destacaron que “ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.
En otro punto, advierten por las posibles consecuencias de no haber aprobado la ley. “Responsabilizamos a las autoridades provinciales y municipales por cualquier retroceso que pudiera haber en el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y exigimos que cada provincia que no lo haya hecho adhiera a las prácticas médicas que establece el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.”
