SOCIEDAD
TRAGEDIA IMPUNE

Se cumplen 20 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero

Sin responsables políticos aunque con cuatro militares condenados, se recuerda hoy la trágica fecha en la que siete personas murieron.

20 años de la explosión para ocultar la venta ilegal de armas.
| Cedoc

El 3 de noviembre de 1995 se produjo una explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, que provocó la muerte de siete personas, dejó más de 300 heridos y generó la destrucción de gran parte de la ciudad.

Si bien desde un primer momento el entonces presidente Carlos Menem instaló la idea de que se había tratado de un accidente, la Justicia determinó el año pasado que fue un hecho "intencional, organizado y direccionado" para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia -por el que fue condenado el ex mandatario-, y sentenció a cuatro militares a penas de entre 10 y 13 años de prisión. El hecho dejó además de daños materiales en viviendas particulares.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En el marco de los homenajes que se realizarán este martes, miembros de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) realizarán una exposición en el Anfiteatro Municipal 'Luis Amaya'. En tanto, para las 19.30 está prevista una marcha que partirá desde la plaza San Martín, luego de una misa.

Para los más de 46.000 habitantes de esta ciudad, distante 110 kilómetros al sur de la capital provincial, aquella serie de explosiones marcaron un antes y un después para el resto de sus vidas y de la propia fisonomía del lugar, que quedó devastado. Así lo demuestran las primeras imágenes de aquella trágica jornada, similares a las de una ciudad en guerra, consignó Télam.

Ésta será la primera conmemoración anual tras conocerse la sentencia del fallo judicial que condenó a 13 años de prisión a los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino; y a 10 años a Marcelo Diego Gatto. En todos los casos las penas fueron por el delito de 'estrago doloso agravado por muerte de personas'.

El juicio finalizó en diciembre de 2014 y el ex presidente Carlos Menem no figuró entre los acusados. Es que si bien fue incluido en el proceso en 2007 por su presunta responsabilidad política, la Cámara Federal de Córdoba le dictó en 2010 una falta de mérito que lo dejó fuera de la causa.

Al conocerse los fundamentos de las condenas, lo que surge de la investigación y el proceso de enjuiciamiento es que la explosión sucedió a partir de una acción "intencional, programada y organizada", que tuvo origen en el "incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, ubicado en un tinglado existente en la Planta de Carga de la Fmrt". Ese fuego se expandió y, en pocos minutos, se generaron explosiones simultáneas, en tanto que una explosión de mayor magnitud tuvo lugar en los depósitos de Expedición y Suministro situados hacía el sector sur de la Planta de Carga, tinglados que en su interior contenían gran cantidad de explosivos, municiones y proyectiles, que generaron la onda expansiva que dispersó de manera violenta proyectiles y esquirlas sobre la población de la ciudad de Río Tercero.

El expediente de la investigación sostiene que el objetivo fue el "ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos". Como consecuencia de los hechos, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.

El mes pasado el Gobierno nacional promulgó la ley para indemnizar a los damnificados en la tragedia de aquella mañana de noviembre de 1995, a partir de una iniciativa presentada por el ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro, que fue aprobada por unanimidad el 16 de septiembre por el Senado. Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes sufrieron lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes han tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.