POLICIA


Apareció muerto Luciano Arruga: cronología de un caso marcado por la violencia policial

Interrogantes y los procesamientos de un caso que volvió a poner en discusión el accionar de la Bonaerense. Fotos.

El adolescente fue encontrado hoy enterrado como N.N. en el cementerio de Chacarita.
El adolescente fue encontrado hoy enterrado como N.N. en el cementerio de Chacarita.
Foto:Cedoc

El 31 de enero de 2009 a la noche, Luciano Nahuel Arruga salió de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador con tan sólo $1,50 para ir a un cyber cercano. El adolescente de 16 años nunca regresó.

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Pasaron cinco años y ocho meses hasta que se encontró el cuerpo del joven, enterrado en el cementerio de la Chacarita como N.N. Según documentos oficiales, murió en la madrugada del 1 de febrero, en un accidente de tránsito.

Durante todos estos años, la familia de Arruga acudió a todos los canales formales para descubrir qué fue lo que ocurrió con el adolescente, seguros de que habría sido víctima de la violencia institucional por parte de policías de la Bonaerense.

Los antecedentes. El 22 de septiembre de 2008, según relató el mismo Luciano a sus familiares poco tiempo después, agentes de la Bonaerense le habían ofrecido ser "pibe chorro" en zonas liberadas de La Matanza. Sin embargo, ante reiteradas negativas del joven, fue detenido en el destacamento de la calle Indart, donde funcionaba una comisaría que no estaba habilitada para recluir detenidos. Estuvo nueve horas demorado en una cocina, según contó. Su hermana, Vanesa Orieta, lo había escuchado gritar cuando fue a buscarlo

La noche de su desaparición, dos testigos aseguraron ver que un chico de campera blanca era golpeado y metido a la fuerza en un vehículo policial del destacamento. Allí, otro testigo lo vio golpeado y ensangrentado. Diversos peritajes certificaron que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su desplazamiento circuló por descampados.

Al año de la desaparición del joven, el destacamento fue cerrado y, dos años mas tarde, se convirtió en el Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga

La causa. La investigación empezó mal: la denuncia recayó en la fiscal Nº7 de La Matanza, Roxana Castelli, quien le otorgó la investigación a la misma Policía. Castelli fue acusada de entorpecer la pesquisa durante 35 días. La fiscal fue recusada y reemplazada Cecilia Cejas. 

En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló pruebas de que Luciano había estado en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro peritaje indicó que allí había estado el joven. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa.

Por otro lado, los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.

En julio de 2009, se determinó que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados y borrados de la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad provincial no sancionó a ningún policía.

Los familiares solicitaron en febrero de 2010 que el caso fuera investigado como “desaparición forzada”. Un mes después, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal pero el juez consideró que no había prueba suficiente, mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.

Emblema. El caso ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de DerechosHumanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su informe del 2010 exige "concluir una investigación exhaustiva e imparcial" e incluirlo en "conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".

Recién en agosto de 2012, el gobernador Daniel Scioli recibió a la familia, acompañada por la APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.

En enero de 2013, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario, Blanco declinó su competencia y la causa pasó al fuero Federal, donde la recibe el juez federal de Morón Juan Pablo Salas. La causa finalmente se recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

Involucrados. Un mes más tarde, ocho policías de la Bonaerense fueron apartados y pasados a disponibilidad preventivamente de sus cargos por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal: el subteniente Oscar Fecter (Lomas de Zamora), los subcomisario Néstor Díaz (Esteban Echeverría) y Ariel Herrera (Morón), el subteniente Daniel Vázquez (Lomas de Zamora) y los oficiales Martín Monte (Pompeya) y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz (Morón). El fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 -cuando era ministro de Seguridad de la provincia- pero en julio de ese año los reincorporó en otras jurisdicciones.

En octubre de 2013 se demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre y sus abuelos, sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.

Este año, en abril, los familiares de Arruga presentaron un recurso de hábeas corpus que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar en julio.

Hace dos días, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumentó a un millón de pesos la recompensa para quienes aporten información fehaciente que contribuyera a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano por nuevos datos. Hoy, su cuerpo fue encontrado como NN en el cementerio de la Chacarita

 

 

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Redacción de Perfil.com


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