POLICIA VENTA Y PELEA POR EL NEGOCIO DE LA DROGA


Casi el 70% de las causas federales en Santa Fe son por narcotráfico

El año pasado se iniciaron cerca de 2.800 expedientes en la provincia. La ciudad de Rosario supera por un amplio margen a otras localidades.

Narcos. La guerra dejó varias víctimas, entre ellas Medina y su novia.
Narcos. La guerra dejó varias víctimas, entre ellas Medina y su novia. Foto:cedoc
Santa Fe, junto a Mendoza y a la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en uno de los distritos con más causas por narcotráfico, revelaron a PERFIL fuentes judiciales. Si bien se registra un descenso sostenido desde 2012, el año pasado se iniciaron más de 2.800 causas por drogas en la provincia gobernada por Miguel Lifschitz. En el país, la Justicia Federal tiene a cargo la investigación de unas 22 mil causas.

Los números indican que el narcotráfico pisa fuerte en Santa Fe: sólo el 33% de las causas son por otros delitos federales; el 67% de todos los expedientes que se tramitan en la Justicia Federal está vinculado a los delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes. De ese universo, el 68% es por tráfico de estupefacientes.

Y la ciudad de Rosario supera por mucho a otras localidades como la capital santafesina. Sólo en 2015 se iniciaron 1.179 expedientes por ese delito en el territorio que era dominado por la banda de Los Monos, desbaratada meses atrás, luego de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, pero aún en funcionamiento.

Tras las detenciones de los líderes de las bandas más poderosas, en los últimos meses, los investigadores detectaron que las organizaciones narcocriminales migraron sus puestos de distribución a otros puntos del Gran Rosario y a otras localidades como Rafaela y Reconquista, incluso la ciudad de Santa Fe.

Los jefes de las bandas también se habrían trasladado hacia esos lugares para manejar el negocio fuera del foco de atención. Al mismo tiempo, una banda cordobesa, ligada al clan Gallardo, migró al norte de Santa Fe, donde ya se registraron disputas por el territorio.

A esa nueva configuración y el reparto del territorio se agrega Paraguay como nueva ruta de la cocaína entre Bolivia y Brasil. Desde ese país se bajaba, principalmente, marihuana por el río Paraná. En la actualidad, cada vez más se encuentra cocaína en los decomisos.

El 100% de las investigaciones, asimismo, ha sido delegado por los jueces a las tres fiscalías federales de Rosario. Esta circunstancia, ligada al alto número de causas, empujó a la procuradora Alejandra Gils Carbó a proponer la apertura de una sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, en esa ciudad. En Salta, ya funciona una delegación regional de ese organismo que actúa en coordinación con los fiscales de los distritos Catamarca, Salta y Santiago del Estero.

 En el norte del país, también se sumó la Unidad Conjunta de Análisis Criminal de la Dirección General de Análisis Criminal y Persecución Penal (DAC), a cargo de Diego García Yomha, para “profundizar la política de persecución penal, en particular con organizaciones vinculadas al narcotráfico”, según se difundió en un comunicado.

La semana pasada, en una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Lifschtiz, la procuradora pidió, además, más recursos para las fiscalías federales santafesinas. Apuestan a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.


De “narcoarroz” a “carbón blanco”

Rosario se convirtió en un punto clave de la distribución de droga al interior del país y para el envío de grandes cargamentos al exterior. Son causas vinculadas a organizaciones de mayor envergadura, como las de “narcoarroz” y “carbón blanco”, con los hermanos Triana Peña y el abogado Carlos Salvatore a la cabeza.

La provincia afronta disputas por el territorio de las bandas locales y la complicidad de algunos policías del lugar con el narcotráfico.

El convenio de cooperación firmado entre el gobierno nacional y el de Santa Fe se ajustó en torno a una cuestión que presentó un punto de quiebre: el monitoreo de Nación sobre la fuerza de seguridad local.

El acuerdo incluye la evaluación de las áreas de análisis e investigación criminal, la realización de relevamientos en las distintas unidades orientadas a determinar el estado de las comunicaciones, la informática y la situación de los efectivos.