POLICIA ESCANDALO EN RETIRO

Investigan por coimas a todo el personal de una comisaría

La causa apunta contra el jefe que estuvo a cargo de la Seccional 46ª en 2016. No descartan que pueda estar involucrado el comisario Potocar.

Operativo. La seccional de la Avenida de los Inmigrantes fue allanada hace una semana. Secuestraron libros contables, registros de guardias y otros documentos.
Operativo. La seccional de la Avenida de los Inmigrantes fue allanada hace una semana. Secuestraron libros contables, registros de guardias y otros documentos. Foto:silvestro
La nómina completa de una comisaría porteña está bajo investigación judicial, en el marco de una nueva causa por el cobro de seguridad privilegiada en el barrio de Retiro.

Se trata de la Seccional 46ª, allanada hace una semana por pedido de la fiscal Estela Andrades. En el operativo, que estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), secuestraron libros contables, registro de guardias y otros documentos relacionados con el presunto cobro de dádivas por parte de la comisaría.

La investigación incluye a todo el personal que prestaba servicio el año pasado, antes del traspaso a la Policía de la Ciudad. Según confirmaron fuentes judiciales a PERFIL, entre los investigados figura el comisario Walter Caballero, por entonces a cargo de la seccional.

La pesquisa se inició a partir de una serie de testimonios incorporados en otro expediente, que aportan información sobre el supuesto aparato de recaudación ilegal similar al que fue descubierto en la Comisaría 35ª del barrio de Núñez, y que llevó a la cárcel al ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, y a la ex jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal Argentina (PFA), Susana Aveni, entre otros. De hecho, voceros consultados por este diario no descartaron que en esta nueva investigación también pueda estar involucrado Potocar.

Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación”, aseguró a PERFIL Christian Poletti, uno de los abogados defensores del ex jefe de la Policía de la Ciudad.

Si bien la causa que instruye la fiscal Andrades se encuentra bajo secreto de sumario, trascendió que en las próximas horas podrían surgir novedades importantes. No obstante, nadie confirmó si la Justicia ordenará detenciones, como pasó en el caso de la Seccional 35ª, o si realizarán nuevos procedimientos.

Narcos y manteros. La comisaría de Retiro tiene bajo su jurisdicción a la Villa 31, un lugar históricamente dominado por narcos paraguayos y peruanos que hasta hace unos meses se disputaban el poder a sangre y fuego. También a la estación de ómnibus de Retiro, terreno fértil para manteros y vendedores ambulantes.

Según las fuentes, la metodología de cobro a comerciantes a cambio de seguridad privilegiada es similar a la que fue descubierta en la Comisaría 35ª. Por esta investigación, todavía permanece prófugo el principal responsable de la maniobra: el comisario Norberto Villarreal.

La causa destapó la olla más grande de corrupción policial  de los últimos tiempos y puso contra las cuerdas a los altos mandos de la PFA. El primer gran escándalo estalló con la detención de la comisario inspector Susana Aveni, por entonces a cargo de la Circunscripción VII y jefa directa del titular de la 35ª y de otras seis comisarías. Aveni gozaba de buena salud en la fuerza, a tal punto que había sido destacada por un operativo en el que logró liberar a una rehén, y premiada en el traspaso de la Federal a la Policía de la Ciudad con una función importante: manejar la Dirección de Narcocriminalidad. Desde el miércoles 5 de abril pasado, “la Gorda” –como supuestamente figura en el borrador de Villarreal– está detenida acusada de ser “jefa u organizadora de una asociación ilícita”.

Dos semanas y media después llegó la crisis más fuerte en la fuerza creada por Horacio Rodríguez Larreta: la detención de Potocar, un policía con 35 años de servicio, título de abogado y graduado de la Academia del FBI.

Potocar (ver aparte) estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC) cuando se inició esta investigación.

Para el juez Farías, todos los policías “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la 35ª, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”.



Cecilia Di Lodovico / Leonardo Nieva