POLICIA POLITICA Y PROSTITUCION

Investigan por trata de personas a cuatro intendentes pampeanos

Los actuales alcaldes de Lonquimay, Macachín y 25 de Mayo, y la ex jefa comunal de General Acha, están acusados de proteger prostíbulos.

Foto:Cedoc

Cuatro intendentes de La Pampa son investigados por la Justicia por su presunta participación en el delito de “trata de personas”. Según consta en la investigación judicial desde su lugar de funcionarios públicos habrían dado carácter legal a locales nocturnos donde casi todos sabían que se ejercía la prostitución. Fuentes judiciales consultadas aseguraron a PERFIL, que uno de ellos está procesado y otro tiene una condena por una acusación similar.

Luis Rogers, jefe comunal del partido de Lonquimay; Jorge Cabak, de Macachín; David Bravo, de Colonia 25 de Mayo, y María Elena García, de General Acha, son los alcaldes que están en la mira de la Justicia. La jueza federal Iara Silvestre procesó a Rogers como “partícipe necesario en el delito de trata de persona” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, le tomó indagatoria a Cabak y aún debe resolver su situación. Ayer estaba pautado que se le tomara declaración a Bravo, pero su abogado presentó un escrito y se pospuso la audiencia para el 2 de octubre. Mientras que la única mujer de esta nómina fue absuelta por la magistrada, aunque el fiscal Juan Baric apeló y aún no quedó desligada de la causa.

PERFIL intentó comunicarse con los acusados pero García y Bravo no respondieron los llamados, mientras que Cabak y Rogers prefirieron “no hablar del tema” porque “ya lo hicieron ante la Justicia”.

La causa más avanzada es la de Rogers. “Para esta resolución consideré que, si bien el local estaba habilitado conforme a la legislación municipalidad vigente, él conocía que allí había mujeres sometidas a la prostitución y, a pesar de ese conocimiento, no arbitró los medios necesarios para procurar la clausura, revocar la habilitación y denunciar esta situación”, explica la jueza a este diario. Lo mismo corre para el resto de los intendentes que están siendo investigados.

Fuera de control. En 1937 se sancionó la Ley 12.331 que prohibió la habilitación de prostíbulos. Sin embargo, estos lugares, donde se ejercía la prostitución, siguieron funcionando bajo el nombre de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos o resto-bar. En 2008 en La Pampa había 35 locales.

“Para entonces era alarmante la cantidad de mujeres explotadas que había, por eso promovimos una ordenanza para cerrar los prostíbulos. El resto de las localidades empezaron a sumarse a esta medida”, explicó a PERFIL Mónica Molina, quien entonces era subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa. Se estableció el plazo de un año para que cada municipio regularizara esta situación.

Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría para gente que busca tener un rato de esparcimiento”, dijo por entonces Rogers a Radio Noticias -según publicó el diario La Arena-, en contraposición a la medida. En este municipio funcionaba Good Night, una whiskería ubicada a la vera de la Ruta 5, y en octubre de 2009 una joven santiagueña denunció que había sido secuestrada y obligada a prostituirse.

Bravo es el alcalde de Colonia 25 de Mayo y en su historial judicial figura una condena a siete meses por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de las irregularidades detectadas en la habilitación del cabaret El Rancho. La sentencia no está firme porque su abogado defensor apeló la decisión. Ahora el fiscal Baric lo investiga por habilitar otro local con similares caraterísticas: Venus.

En agosto de 2011, el tucumano Raúl Lobo denunció que su mujer era obligada a ejercer la prostitución en el cabaret La Chicho Show, en la localidad de Macachín. Ese local habría sido habilitado por el intendente Cabak. En General Acha, y durante la gestión de García (renunció en noviembre de 2011), funcionaba El Delfín, un prostíbulo que fue allanado el 8 de noviembre de 2011. Allí rescataron a dos mujeres. El fiscal apeló la resolución que sobreseyó a García porque consideró que “es descabellado pensar que no sabía lo que sucedía porque, al igual que el caso de Cabak, son localidades muy chicas y todo el pueblo sabía que en esos lugares se buscaban chicas para tener sexo”, explicaron desde su entorno.

“Macachín –describe Molina– es una localidad próspera por sus harineros y salinas. Además es cercana a las rutas que conducen a Buenos Aires y culminan en la costa. Justamente se comprobó que los tratantes tenían comercios en ciudades balnearias. Si la Justicia se comprometiera como se hizo en La Pampa sería infinita la cantidad de intendentes que deberían ser juzgados”.

La pista de Marita Verón. Hasta La Pampa llegó Susana Trimarco desde Tucumán buscando a su hija Marita Verón, desaparecida en 2002. Es que una víctima de trata había dicho que compartió cautiverio con la joven en La Chicho Show, el prostíbulo de la localidad de Macachín. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: no encontraron rastros de Marita.

Según denunció Trimarco, el dueño del prostíbulo habría retenido por unos meses a Marita en ese lugar, aunque la Justicia nunca pudo confirmar esta versión. Lo cierto es que la jueza federal Iara Silvestre procesó por el delito de trata de personas al propietario del lugar, a su aparente socio, a un ex concejal del Partido Justicialista, a un remisero que se ocupaba del traslado de las víctimas, a un hombre que “regenteaba” el trabajo de algunas mujeres y su hijo, en este caso como partícipe necesario.

“Geográficamente La Pampa se puede considerar un lugar de paso por las rutas que unen el sur con el norte y viceversa, pero los hechos han demostrado que es un lugar de estadía”, explicó la magistrada a PERFIL.

“Durante muchos años existieron ordenanzas municipales que autorizaban el funcionamiento de locales nocturnos a pesar de que estaba vigente la Ley 12.331 que prohíbe las casas de tolerancia en la Argentina, pero era una ley que había caído en desuetudo (que no se usa más). La provincia ahora se ha adecuado a la legislación nacional y los tratados internacionales, pero creer que con esta adecuación ha desaparecido este delito es lo peor que podemos hacer”.



Nadia Galán