POLICIA LOS DETALLES DE LAS CONVERSACIONES

Un narco y dos gendarmes hacían arreglos por SMS

Los mensajes de texto entre Carlos Vargas, un traficante de drogas, y dos efectivos del Escuadrón de Seguridad Orán de Gendarmería forman parte de una causa que está en manos del juez federal Adrián González Charvay.

Vargas. Fue detenido en agosto con cocaína y gran cantidad de dinero.
Vargas. Fue detenido en agosto con cocaína y gran cantidad de dinero. Foto:cedoc

Gendarme 1: Ojalá salga capo, andamos pobre de procedimiento.

Narco: Jajaa.

Gendarme 2: Sí capo, vamos a hacerla bien. Andá sacando capo lo tuyo y no te olvides de nosotros. Después festejamos.

Narco: Jaja pero lo van a ser en el escuadrón. Yo ahí no voy ni en pedo jaja. Voy a salir esposado.

Los mensajes de texto entre Carlos Vargas, un traficante de drogas, y dos efectivos del Escuadrón de Seguridad Orán de Gendarmería forman parte de una causa que está en manos del juez federal Adrián González Charvay. En la charla, detectada el 26 de julio pasado por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, los tres hombres hablan sobre un envío de cocaína en un vehículo que será interceptado por los gendarmes. A cambio de la información, los efectivos habrían dejado que Vargas se quedara con diez kilos de cocaína.

Para el juez, está claro que los gendarmes no son parte de la banda y que, en busca de reconocimiento, negociaron con el narco. Fueron procesados por encubrimiento, falseamiento ideológico e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se excedieron”, indicaron fuentes del caso a PERFIL. Tras el procedimiento, en el que incautaron los paquetes señalados, aconsejaron a su informante, enfadado por la trascendencia periodística del hecho. “Ya hicieron macana otra vez. Tenían que decir que eran 59 paquetes y no hablar de kilos ahora me van a preguntar por los otros diez”, les reclamó Vargas. “Sí, habíamos quedado que iban a poner 59 paquetes”, le responden del otro lado. “Me van a ser matar ustedes”, les replica. “Tranqui capo. De última podés decir también que pesaron mal”, lo tranquilizan.

Otra conversación demuestra que los miembros de Gendarmería estaban al tanto de que Vargas vendería “su parte”: “Yo no puedo sacar esto tengo que hacerlo dormir, porque si no me entrego solo”. “Sí, hacelo dormir”, le dice uno de los gendarmes. “Para la próxima, saca más”, agrega. Cuando intentó vender la droga en Salta, “la gente de Buenos Aires” no fue a la cita. Sin dinero para pagar el hotel, uno de los gendarmes le giró el dinero a Vargas.

“La falta de una reglamentación específica genera en muchas oportunidades situaciones grises en las fuerzas de seguridad que se nutren de ese tipo de información, todo lo cual impone la necesidad de generar un marco normativo adecuado para abordar dichos supuestos”, reflexiona Charvay en el procesamiento, aunque en el caso de los miembros del Escuadrón de Orán, “excede con creces las situaciones vidriosas, ya que Carlos Vargas no era un mero informante, y lo que resultó de su accionar fueron conductas delictivas, no ya actividades que podrían categorizarse como “grises”.

En la indagatoria, los gendarmes explicaron que “las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico son muy grandes, y que no poseen los recursos logísticos para hacerles frente”. Por esa razón, utilizan “informantes”. Reconocieron que “no es una buena forma de hacerlo, pero que es a la que estaban habituados, ya que así lo hacían con el ex juez (Raúl) Reynoso”, procesado por beneficiar a narcos. También admitieron que le pagaron a Vargas con paquetes de hojas de coca secuestrados en la ruta.


Una ley para el informante

La causa judicial que revela el vínculo entre los dos gendarmes y el narcotraficante plantea la necesidad de implementar la ley de Técnicas Especiales de Investigación, que regula, entre otras, la figura del informante.

Sancionado el 2 de noviembre pasado, el proyecto de ley fue debatido en la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada María Gabriela Burgos, y establece que el informante actuará bajo reserva de identidad y a cambio de un beneficio económico.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, sugiere implementarla cuanto antes, debido a que“ya hoy en día constituye una de las principales fuentes de información de las fuerzas de seguridad del país, utilizando como remuneración parte de su propio salario”.

Para la Procunar “el informante posee información privilegiada y a la que es imposible que los investigadores accedan de otra manera, de ahí la necesidad de que el Estado adopte mecanismos eficaces para aprovecharla al máximo”.