POLICIA FERIA VIOLENTA

Una policía paralela con móviles, armas y entrenamiento militar

Urkupiña, el predio de Lomas de Zamora que pertenece a Enrique Antequera, cuenta con una fuerza de seguridad propia. Denuncian "vulneraciones" a los derechos humanos.

Marchando. Dávalos, un comisario exonerado de la Bonaerense, es el jefe de la fuerza que vigila Urkupiña.
Marchando. Dávalos, un comisario exonerado de la Bonaerense, es el jefe de la fuerza que vigila Urkupiña. Foto:cedoc

Urkupiña, la feria de La Salada que pertenece a Enrique Antequera, cuenta con una fuerza de seguridad propia. Una suerte de policía paralela con personal armado y móviles como los de la Bonaerense.

Los agentes que patrullan el predio son empleados de Vae Soli Seguridad Privada, una empresa que pertenece al comisario exonerado Luis Nelson Dávalos. La denuncia de la diputada Elisa Carrió menciona “el peligroso rol de la agencia de seguridad” (que no estaría habilitada) y señala que Dávalos contrataría y entregaría “armas ilegales a los vigiladores”, y que además “les asigna nombres y adiestramiento militar”.

En abril de 2015, PERFIL denunció la existencia de esta brigada. Una ex integrante, que había trabajado allí cerca de diez años, contó que renunció cuando se dio cuenta de que estaban “vulnerando los derechos humanos de las personas”. “Nos obligaban a pegarles con la tonfa en los tobillos, los muslos y las costillas a las mecheras; a los pungas les poníamos la mano sobre una mesa y les pegábamos con una taza de café en los dedos. Salían destrozados”, decía a este diario Miriam Irala.

La ex empleada de Vae Soli Seguridad se presentó en la Justicia y contó que “el ‘servicio de vigilancia’ está organizado mediante un ‘servicio de calle’, al que se encuentran afectados unos 45 vigiladores en las cuadras perimetrales, a modo de cordón de seguridad para la prevención de robos al momento del ingreso y el egreso de los puesteros. Los vigiladores de pie son reforzados con el apoyo de seis camionetas, cinco autos y ocho motos”.

Según su denuncia, los hombres y mujeres contratados “eran capacitados en prácticas parapoliciales” y portaban armas de fuego, pese a no tener el permiso del Renar. Su abogada contó que “el lugar funciona como un Estado dentro del Estado; designa sus autoridades y estructura su propio poder policial y judicial”.   



C.D.L./ Leonardo Nieva