POLITICA

Antes de irse, Cristina Kirchner quiere una Justicia federal a medida

En qué consiste la reforma al Código Procesal Penal que enviará la Presidenta al Congreso y que afecta a los tribunales del poder. 

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Foto:CEDOC.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció durante la Cadena Nacional por la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, que en los próximos días enviará al Congreso de la Nación un proyecto para tener "un nuevo Código de Procedimiento Penal" .

"Vamos a enviar un nuevo Código de Procedimiento Penal que transforme el actual sistema de inquisitivo a acusatorio", afirmó la mandataria y sostuvo que el mismo sería "mucho más ágil" y que configura "una demanda de toda la sociedad".

"Si es culpable, que sea condenado en forma rápida, y si es inocente, no podemos tener a una persona tres o cuatro años en el sistema carcelario para después decirle que es inocente", insistió Cristina tras anunciar por cadena nacional que enviará un proyecto para reformar la normativa que rige los procesos penales. 

"Se muestran serias deficiencias en la gestión judicial y se estima que los procesos duran no menos de 4 años, como promedio", criticó la mandataria en presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se encontraba en primera fila. Asimismo, Cristina anticipó que se buscará "dar un sistema acusatorio puro como en Chile, donde se reduce a tres o seis meses".

Cristina podría haber buscado como ejemplo un lugar más cercano: es el sistema que se aplica en la Provincia de Buenos Aires desde 1998, con los resultados a la vista. 

Básicamente, el cambio entre inquisitivo y acusatorio consiste en cambiar la potestad investigativa. En criollo, el sistema inquisitivo tiene al Juez como "jefe" de la investigación y al fiscal acusando, proponiendo medidas que prueben la culpabilidad del sospechoso y, valga la redundancia, fiscalizando. Una vez recolectadas todas las pruebas, si el Juez lo considera y el Fiscal no manifiesta oposición, el expediente se eleva a juicio. 

El sistema fue criticado durante el auge del garantismo por ser el Juez quien investigaba y dictaba sentencia. Hasta no hace mucho tiempo, los juicios se resolvían rápido, pero sin muchas garantías. A mediados de la década de los noventas, el Código Procesal Penal de la Nación fue modificado y los Jueces de instrucción ya no dictaron sentencias, sino que las mismas pasaron a quedar en manos de un Tribunal independiente de la investigación, mediante un juicio oral y público

A grandes rasgos, El sistema acusatorio le da al Fiscal el rol protagónico de la etapa de instrucción, al quedar "a cargo" de la investigación y disponer de los recursos policiales y de laboratorios, recolectando las pruebas necesarias para pedir al Juez la detención, posterior procesamiento y, por último, elevación a juicio de un sospechoso. El Juez de primera instancia pasa a ser un controlador del proceso – de hecho, en la Provincia de Buenos Aires se llaman "jueces de Garantías"– y autoriza las medidas a requerimiento del fiscal y el defensor: órdenes de allanamiento, prisión preventiva, detención, excarcelación, sobreseimiento, elevación a juicio. 

Es un sistema importado, dado que es el que se aplica en Estados Unidos, entre otros países. Se lo puede ver en La ley y el orden, o en cualquier película de investigaciones judiciales. Es un sistema, también, que funciona cuando están dadas otras condiciones: Policías capacitados, personal judicial calificado y un Ministerio Público Fiscal realmente independiente del poder de turno. 

Sin embargo, tras la reforma pretendida por Cristina existen dos componentes que cambian radicalmente cómo se presenta una reforma de "modernización". Uno, es que la Justicia Federal, encargada de investigar los delitos del poder, se rige por el Código que Cristina pretende modificar. El otro es quién es el Jefe.

Los jueces pertenecen al Poder Judicial de la Nación y sus jefes máximos son los ministros de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal compuesto por varias personas. En el caso de los fiscales, la máxima autoridad es la Procuración General de la Nación, cuya designación depende de la elección del Presidente de la Nación y un acuerdo con el Senado, que, con mayoría automática, es un sencillo trámite.

Actualmente, el cargo lo ocupa Alejandra Gils Carbó, con una relación tan fluída con el kirchnerismo que tiene a un buen numero de militantes de La Cámpora en oficinas claves de la Procuración. 

(*) Editor de Perfil.com

 



Nicolás Lucca (*)