POLITICA


Cómo será la batalla judicial y administrativa Clarín vs. Gobierno

Los abogados del Grupo ya tomaron cartas en el asunto y confían en contrarrestar el avance de Sabbatella. Los especialistas niegan que pueda haber otra cautelar.

Damian Cassino, abogado del Grupo Clarín, frente a frente con Martín Sabbatella.
Damian Cassino, abogado del Grupo Clarín, frente a frente con Martín Sabbatella.
Foto:Cedoc

Tras la Adecuación de Oficio del Grupo Clarín ordenada por resolución del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se abre una nueva etapa en la aplicación de la Ley de Medios.

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El titular del organismo, Martín Sabbatella, explicó que "ahora el Estado tasará los medios y concursará a las empresas de Clarín y las adjudicará por licitación" hasta adecuar a la compañía con la ley, sin precisiones sobre el mecanismo.

"La diferencia es que cuando la adecuación es voluntaria, los propietarios eligen a quien le venden o transfieren. Cuando es de oficio, lo hace el Estado por concurso. El titular de las empresas ahora tiene que garantizar el servicio y las fuentes de trabajo", remató.

La Judicialización de esta decisión, será impulsada por los abogados asesores de la empresa afectada aunque varios juristas consultados “dudan” que la justicia convalide esta vez, la posición del Grupo a través de una “medida cautelar”.

“Estas podrían ser las consecuencias no deseadas del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial y declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios respecto del Grupo Clarín”, explica Athos Aguiar, especialista en derecho empresario.

“A partir del fallo de la Corte, los planteos de la empresa para frenar los efectos de la decisión del AFSCA requerirán un mayor esfuerzo, en la medida en que, declarada la constitucionalidad de la ley, y por ello, la obligación de adecuación, el ámbito de debate, quedará reducido a la arbitrariedad de la resolución del directorio y no a la ilegalidad de la misma”, sentencia el abogado.

“Clarín deberá demostrar un obrar arbitrario por parte del órgano presidido por Martín Sabatella, y  justificar que a través de la decisión se ha incurrido en desviación de poder, violando los límites de razonabilidad y buena fe, que rigen la actuación administrativa con notas de discrecionalidad”, afirma el especialista.

“La Corte que en su momento consideró no afectada la libertad de expresión, y negó al Grupo Clarín derechos adquiridos, lejos de poner fin al conflicto abrió una nueva instancia en la puja de poder entre el Gobierno y la empresa”, insiste el jurista.



Redacción de Perfil.com


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