POLITICA POLO ATOMICO EN FORMOSA

Conflicto regional por una planta de uranio

En Paraguay dicen que se enteraron de la instalación hace sólo un mes. Hay malestar porque no hubo consultas y porque consideran que la información es “insuficiente”.

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Foto:Cedoc

La Argentina está a las puertas de un nuevo conflicto con un país vecino, esta vez con la República del Paraguay. Después de ser rechazada por los gobiernos y los pobladores de Córdoba, Mendoza y La Rioja, entre otros, finalmente el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), decidió reinstalar una clausurada planta de uranio en Formosa. Y según el gobierno de Gildo Insfrán, quien había mantenido en secreto la ubicación, se instalará a 16 kilómetros de la capital provincial. Además, la CNEA proyecta construir, también en Formosa, una de las centrales argentinas de elementos modulares. La primera de ellas ya se levanta vecina a la central atómica Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires. La segunda, la central nuclear Carem 150, se instalará en Formosa.

El gobierno de Paraguay, a cargo del presidente Horacio Cartés, acaba de enterarse hace tan sólo un mes que su vecino, la Argentina, instalará una planta de uranio y una planta nuclear frente a sus narices. De acuerdo a lo que PERFIL pudo saber de fuentes del gobierno paraguayo, existe un creciente malestar debido a que la Argentina no avisó del proyecto “con la debida antelación”, y además no le envió “la información necesaria”. “No se adapta a nuestros deseos”, señalaron a PERFIL desde la Cancillería de Paraguay.

En el país vecino, en la localidad de Pilar, ya se vienen realizando masivas protestas populares contra la instalación argentina. Y el jueves, los diputados paraguayos le pidieron explicaciones a su canciller, que apenas pudo decirles lo poco que la Argentina le remitió.
La mayor preocupación recae en la reinstalación en Formosa de la planta de uranio que perteneció hasta su clausura a la firma Dioxitek, una sociedad perteneciente en 99% a la CNEA y en 1% a la provincia de Mendoza, y que desde 1996 estuvo instalada en Córdoba, en las afueras de la capital, en la zona conocida como Alta Córdoba. A partir de 2002, esta empresa estatal se hizo cargo de la producción y comercialización de fuentes selladas de material radiactivo conocido como cobalto 60. Esta planta fue clausurada en el año 2012 por la Municipalidad cordobesa, lo que fue ratificado por su Gobernación, debido a que contaminaba el medio ambiente.

Hoy, según el profesor de Biología Evolutiva de la Universidad de Córdoba y director de Funam, doctor Raúl Montenegro, el “chichón”, como se conoce a los residuos tóxicos de la planta, que hay debajo de Dioxitek “asciende a 57 mil toneladas de residuos de uranio, que es doblemente riesgoso porque es químicamente tóxico y además radiactivo”. Y aclara que este tipo de depósitos de residuos no sólo contienen uranio, sino también sus descendientes radiactivos como el radio 226, el gas radón 222 y el plomo 210, todos cancerígenos”, explica.

Ludmila Sánchez, del foro ciudadano que organiza las protestas contra la instalación en Paraguay, de dijo al diario paraguayo ABC Color que “consideramos de máxima urgencia que el gobierno se pronuncie en forma clara y contundente sobre su posición ante semejante atropello a la soberanía nacional” y le solicita al presidente Cartés que “tramite ante organismos internacionales la protección de los paraguayos que viven en zonas cercanas al lugar donde se instalará la planta”.

En Formosa también se realizaron protestas contra la instalación. El legislador provincial por el radicalismo Martín Hernández le dijo al diario El Comercial de Formosa: “Esto es un enorme negociado donde pocos se benefician y todos recibiremos el pasivo ambiental. Hace casi un año, supimos que el gobernador Insfrán estaba negociando con el gobierno nacional el traslado de Dioxitek y, pese a nuestros pedidos de informes, requerimientos al Ejecutivo y citaciones a los ministros, siempre negaron, ocultaron y mintieron”, señaló.

Por su parte, Montenegro le recordó al gobernador Insfrán y al ministro De Vido que en la Argentina “las dictaduras se terminaron” y que “no se puede decidir localizaciones tan peligrosas como Dioxitek y el reactor Carem 150 violando la ley nacional de ambiente, que exige estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, ni ignorando la vecindad de la República del Paraguay”.

 

Presentación con paraguayos presentes

El jueves de esta semana el gobierno argentino, a través del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presentó por primera vez el proyecto de la reinstalación de la planta de uranio y la de otra central nuclear en Formosa. Los detalles del proyecto los dieron los funcionarios formoseños y miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica que viajaron especialmente.

“Se trata del desarrollo de un proceso industrial seguro, con la más alta tecnología y, sobre todo, deben saber que no reviste riesgo alguno para el medio ambiente”, le aclaró a la audiencia el subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, Hugo Bay. En la platea lo escucharon atentamente legisladores paraguayos que viajaron debido al malestar que existe en su país con la instalación del proyecto.

Por otra parte, los funcionarios mostraron al auditorio muestras de materia prima y el producto ya terminado a través del proceso que utilizará la Nueva Planta de Uranio (NPU) en Formosa.

Cuando desde el público preguntaron específicamente sobre el traslado de Dioxitek, el ingeniero Ricardo Charaviglio, responsable del proyecto, lo negó rotundamente, agregó que “la planta cordobesa ha quedado obsoleta” y aclaró que NPU será nueva.



Marcelo Dimango