POLITICA LA ESTRATEGIA DE LA EX PRESIDENTA

Cristina denunciará persecución ante la CIDH

Su abogado sostuvo a PERFIL que recurrirán al organismo internacional porque no están garantizados los derechos a ejercer su cargo de senadora, que asume formalmente el lunes. Evalúan apelar el fallo de Bonadio.

Actividad. La ex presidenta participó ayer de un homenaje a desaparecidos en una iglesia porteña.
Actividad. La ex presidenta participó ayer de un homenaje a desaparecidos en una iglesia porteña. Foto:twitter

El abogado de Cristina Kirchner y Héctor Timerman, Alejandro Rúa, anticipó ayer a PERFIL que recurrirán a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la afectación de los derechos políticos. “Hay un perjuicio concreto del ejercicio de la senaduría que obtuvo la ex presidenta”, explicó el letrado. La hipótesis de la ex jefa de Estado es que esta causa judicial tiene como objetivo vulnerar su derecho a ser senadora, obtenido en las urnas. Y que la acusación es inédita. “Se está sosteniendo que desde 1994 estamos en guerra con Irán. Que por lo tanto ese país es un enemigo de la patria y que Cristina ayudó a encubrir a esos enemigos”, dijo.

En la misma línea que Rúa, otros abogados aseguran que se trata de lo que en derecho se conoce como delito “imposible”. “No se le puede disparar a un cadáver, porque ya está muerto. Si alguien lo hace no hay delito”, analizó en diálogo con PERFIL el abogado penalista Gustavo Feldman.

Aunque había trascendido que CFK y Timerman no apelarían la decisión del juez Claudio Bonadio en la Justicia local para evitar que se dilate el juicio oral y la resolución del caso, Rúa precisó que en rigor lo están evaluando, porque como la decisión es recurrir el pedido de detención en un caso, y la prisión domiciliaria en el otro, creen que no podrán hacerlo sin cuestionar los procesamientos.

“Tenemos tres días hábiles para hacerlo”, adelantó Rúa. La ex presidenta asegura en público y en privado que esta causa judicial es una revancha personal del juez por los enfrentamientos verbales que tuvo con él cuando ella era presidenta. Y su alternativa es recurrir a la CIDH. Pero no irá allí a discutir la falta de garantías jurídicas sino la falta de derechos políticos.

Rechazo. “Lo de Bonadio es temerario. La imputación involucra a Interpol. Dice el juez que quien fuera secretario general de Interpol, Ronald Noble, procuró garantizar la impunidad junto al gobierno argentino”, indicó el abogado. Para Bonadio, el Memorándum con Irán implicaba, en los hechos, hacer caer las alertas de captura internacional contra los acusados (de origen iraní) de haber volado la AMIA en 1994, a cambio de un beneficio en la relación comercial bilateral.  

Cristina, Timerman y su abogado plantean que esto es falso y que lo pueden probar. “Todas las comunicaciones diplomáticas y el acuerdo mismo estuvo siempre coordinado con Interpol, con el fiscal Alberto Nisman y con el juez Canicoba Corral”, advirtió.

El juez sostiene, además, que cuando Cristina firmó el pacto junto al presidente iraní se comunicó a Interpol la situación y sospecha que se hizo para quitar las alertas rojas, algo que según el magistrado no ocurrió porque Interpol se opuso. Sin embargo, Rúa lo contradijo. “Es una afirmación falsa y arbitraria. Junto a las alertas rojas se inscribió que a partir del Memorándum su estado seguiría siendo el mismo”, detalló. Es decir, para Kirchner no hubo delito. Primero porque el Memorándum nunca entró en vigencia y segundo porque tampoco logró su objetivo de hacer caer esos pedidos de captura.

“No es cierto que el Memorándum entraba en vigencia sin la aprobación del Congreso”, refutó Rúa ante la pregunta sobre si la cláusula séptima establecía esa atribución inusual. Tanto Cristina como Timerman aseguran que prefieren que este proceso llegue rápido a juicio oral para que los argumentos de Bonadio se caigan. La teoría de la defensa es que en una instancia final ningún juez avalará las acusaciones. Una de las más controvertidas es la que sostiene que la ex presidenta dio órdenes secretas a cada uno de los acusados. “Si son secretas en realidad es que no tiene prueba de ello”, dijo el abogado. Y consideró que lo más ridículo es plantear que se engañó al Congreso.



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