POLITICA


Denuncian penalmente a los diputados que cargan contra el juez Carlos Fayt

Una ONG realizó una presentación por considerar que los legisladores incumplen con sus deberes de funcionario público.

Dr.Carlos Fayt, ministro de la Corte Suprema.
Dr.Carlos Fayt, ministro de la Corte Suprema.
Foto:Dyn

La Organización No Gubernamental “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil” denunció ante la Justicia Federal a los legisladores del Frente Para la Victoria que integran la Comisión de Juicio Político, por considerar que los mismos incumplen con sus deberes al aprobar una investigación para evaluar la salud del juez de la Corte, el Dr.Carlos Fayt. Si se comprobara que incurren en un delito, la pena es de hasta dos años de prisión.

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La presentación es contra la presidente, recientemente nombrada al frente de la Comisión,  Anabel Fernández Sagasti  y “los restantes 16 diputados” los cuales “votaron dictamen por la apertura de un proceso investigativo respecto de la salud psicofísica del Dr. Carlos Fayt” de 97 años.

El escrito tiene en cuenta que “la apertura de un proceso investigativo por parte de la Comisión de Juicio Político contra el Ministro de la Corte, con fundamento en su avanzada edad, constituye una vulneración del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, el cual posee un artículo que establece que “la competencia de la citada comisión es Investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución”.

La organización considera que en el caso del miembro del máximo tribunal, “está claro que no estamos frente a la apertura de una causa y, está claro, también, que el mero pedido de medidas de prueba con fundamento en que el Juez Fayt posee una edad avanzada que podría derivar en ‘mal desempeño’, no constituye, tampoco, una denuncia o una queja”.

En la denuncia, también se especifica la pena que afrontarían los funcionarios si se comprueba el delito: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones”.



Redacción de Perfil.com


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